Espacio Público: 2014 fue el peor año para la libertad de expresión

Espacio Público: 2014 fue el peor año para la libertad de expresión

La organización no gubernamental Espacio Público presentó su informe Situación Libertad de Expresión e Información en Venezuela en el que detallaron que el año que pasó se caracterizó por una fuerte conflictividad social producto de las protestas estudiantiles enmarcadas en la exigencia de soluciones ante la inseguridad, la violencia y la impunidad. Además ofrecieron un balance de lo que fueron las violaciones a la libertad de expresión, en el marco de esa situación.

 

El 2014 fue cuantitativamente el peor año para las garantías al derecho humano a la libertad de expresión. De enero a diciembre, se documentó un total de 579 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 350 denuncias/casos. Esta cifra representa la más alta registrada en Venezuela desde, al menos, los últimos 20 años, reportó la nota de prensa.

 

Los datos registrados implican un incremento de 59% en el número de denuncias/casos con respecto al año 2013 en el mismo período y un total de 474 víctimas. Asimismo, el número de violaciones al derecho a la libre expresión, presenta un incremento de 102% respecto al año 2013.

 

En el mes de febrero durante las protestas de calle, se registraron 86 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión e información que, en comparación con febrero 2013 (7 casos), mostró un aumento de 500 %.

 

El tipo de violación más recurrente fue la censura sumando 145 violaciones de este tipo (25,04%). En segundo lugar las agresiones en 93 ocasiones (16,06%) y en tercer lugar la intimidación aplicada 88 veces (15,20%). Las amenazas, ataques y agresiones constituyeron los tipos de violaciones que más aumentaron con respecto al año 2013. Las víctimas se incrementaron en un 47% con respecto al año anterior. Los afectados no son solo profesionales del periodismo o los medios de comunicación.

 

Victimarios

 

Los cuerpos de seguridad encabezan las violaciones a la libertad de expresión (28,57%), principalmente las relacionadas a casos de agresiones e intimidación contra periodistas y personas levantando información en manifestaciones. En segundo lugar, las Instituciones administrativas (16,97%), que principalmente por medio de sanciones y multas afectan a los medios de comunicación y a sus periodistas y en tercer lugar funcionarios públicos (8,86%) que reinciden en la descalificación hacia los trabajadores de la prensa.

 

En cuanto a los terceros particulares, los desconocidos son los que ocupan la primera posición, esto relacionado a las amenazas y ataques a medios de comunicación y periodistas (7,43%), a estos le siguen los dueños y directivos de medios cuya principal violación aplicada es la censura a periodistas y programas críticos al gobierno nacional (19,71%). Los grupos armados/violentos (4,57%) se encuentran en tercer lugar siendo responsables de muchas de las agresiones, hurtos y amenazas hacia periodistas.

 

Exigencias y recomendaciones

 

Espacio Público afirmó que el comunicado que «el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela».

 

En este sentido, la ONG realizó una serie de recomendaciones a fin de mejorar la situación. Entre estas destacan: garantizar la independencia de Conatel y otros entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para prensa. Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales y sancionar cualquier agresión en su contra. Desarrollar un marco legal que garantice el derecho a réplica y rectificación y revisar el Código Penal para suprimir las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad. Y, por último, contribuir a impulsar un contexto en donde el diálogo e intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como iguales, sea posible.

 

 

EL UNIVERSAL

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