Simón Calzadilla recordó al gobierno que las sanciones son por violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Pidió seriedad en los acuerdos fijados con los cancilleres
Los parlamentarios de la oposición, que forman parte de la mesa de negociación con el gobierno, señalaron ayer que la crisis que vive el país amerita continuar en el proceso iniciado el fin de semana pasado en República Dominicana, con el aval de los cancilleres de México, Chile, Nicaragua, Bolivia, y San Vicente y las Granadinas. El diputado Simón Calzadilla, antes de iniciar la sesión, rechazó los condicionamientos del ministro Jorge Rodríguez según los cuales no habrá acuerdos si no se levantan las sanciones internacionales y se reconoce a la ANC.
“El gobierno debe asumir el proceso con seriedad; hoy dice una cosa y mañana otra. Todo lo que se haga fuera de la negociación viola los acuerdos. Los cancilleres trabajan en las propuestas que se llevarán a la reunión del 15 de diciembre. Les recordamos que las sanciones son por delitos de narcotráfico, corrupción y violación de derechos humanos. Es un acto criminal, un crimen de lesa humanidad que el presidente Maduro niegue la ayuda humanitaria por temor a una intervención extranjera, cuando hay tantos pacientes que la requieren”, sostuvo.
Calzadilla afirmó que la ANC no puede reconocerse: es fraudulenta y además no ha resuelto nada de lo ofertado como el combate de la guerra económica sobre la que insiste el gobierno. Dijo que desde la instalación del organismo, presidido por Delcy Rodríguez, los venezolanos son más pobres.
“Estamos claros de con quién estamos negociando, pero los detractores también deben usar la lógica. La pregunta es la siguiente: ¿qué perdemos intentando este proceso? Nada, pero podemos ganar mucho. ¿Dejamos de ser oposición?, no”, esgrimió Calzadilla ante sus colegas de la AN. Dijo que por un solo paciente crónico que se salve habrá valido la lucha por concretar acuerdos.
El diputado Luis Florido, también miembro de la delegación de la MUD, reiteró que participan en la negociación con el Ejecutivo para ser la voz de todo el país. Aunque dijo estar claro en que el proceso está en una fase delicada, esbozó: “Le pedimos a todo el pueblo venezolano la confianza en todos los que hoy elevamos la voz por el país ante la comunidad internacional. Hay una nueva cita para el 15 de diciembre con la esperanza de lograr acuerdos beneficiosos”.
Pero la Bloque 16 de Julio no confía en que salga humo blanco: “Negamos el proceso por falta de condiciones previas. Independientemente de lo hablado, mantenemos posición: debe exigirse el canal humanitario y el cese de la ANC antes de sentarse, no como parte de la negociación”, exigió el diputado Biaggio Pilieri. Piden que se libere a los presos políticos y se levanten las inhabilitaciones.
Vendetta. El diputado Julio Montoya señaló que el mayor corrupto del país es Rafael Ramírez, ex ministro petrolero y quien renunció a su cargo de representante ante la ONU. Dijo que el desfalco a Pdvsa está calculado en 32 millardos de dólares, e indicó que el jefe del Estado “o es cómplice o pendejo” ante estos hechos.
“Esto no es ninguna investigación para castigar la corrupción en Petróleos de Venezuela, sino más bien parece una vendetta entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que luchan por las pocas cuotas de poder que todavía mantiene el gobierno de Nicolás Maduro”, dijo.
El parlamentario recordó que el 27 de octubre de 2016, el TSJ prohibió investigar a Ramírez, “porque el Poder Judicial también está detrás de esta guerra de pandillas”. Destacó que Pdvsa funcionaba como una suerte de Cavidi paralelo.
Aseveró que Diego Salazar, detenido el fin de semana e investigado por el caso Andorra, financió a los candidatos del PSUV en las elecciones regionales. Las denuncias serán sumadas al expediente de la Comisión de Contraloría para continuar la investigación y presentar un informe ante la plenaria de la Asamblea Nacional.
Piden mediación de Unicef
Codevida pide que se aprovechen los mecanismos del Estado para adoptar medidas urgentes para salvar vidas y atender a los sectores más vulnerables, cerca de 4 millones de venezolanos, en materia de salud. Esperan que la respuesta se concrete el 15 de diciembre.
Abogan por el empleo de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, para proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
También piden adquirir la cantidad necesaria del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia, que permite atender a 10.000 personas durante 3 meses. La ONG planteó “la intermediación de Unicef como vía para la recepción y distribución de insumos nutricionales y terapéuticos, dirigidos al tratamiento de la desnutrición global aguda, severa o moderada”.
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