Aunque la clase política, con la bendición de la Iglesia católica, enterró un proyecto de ley para permitir en Colombia el matrimonio homosexual, el debate está lejos de cerrarse y por el contrario amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades.
Tras meses de debates que en alguna ocasión terminaron a puñetazos, el Senado colombiano finalmente rechazó la semana pasada, con una votación de 51 a 17, el proyecto presentado por el congresista Armando Benedetti, del partido oficialista de derecha La U, que enseguida denunció al parlamento como homófobo.
El texto había sido fuertemente criticado por el Episcopado, que incluso dirigió una carta a los senadores en la que les pedía defender la tesis de que «el verdadero y único matrimonio es entre un varón y una mujer».
En Colombia, donde el 80% de sus 47 millones de habitantes profesa la fe católica, la Iglesia tiene una gran influencia. Pero a la vez, el país destaca por la serie de reconocimientos a los derechos de las parejas homosexuales que desde los años 1990 ha hecho la Justicia.
«Es increíble que en un debate en el Congreso de la república, casi 80% de las intervenciones tengan que ver con argumentos religiosos», dijo a la AFP Marcela Sánchez, que dirige Colombia diversa, principal organización de defensa de la comunidad homosexual.
«La gente común no tiene ningún problema con el matrimonio gay. Usted se da cuenta con los comentarios del almuerzo, con los debates en las calles, la movilización, están a favor. Pero la Iglesia católica se cree el vocero de la sociedad», añadió.
La mayor parte de los senadores de La U se opuso al proyecto, pese al compromiso de su senador Benedetti. Uno de ellos, Carlos Soto, lo justificó diciendo que «la sociedad colombiana no está sicológicamente preparada para asumir ese tipo de matrimonio».
Y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pese a condenar la discriminación, mostró prudencia en la polémica y dejó a sus congresistas en libertad de votar de acuerdo con su conciencia.
«Este es un debate que no debe dividir al país, eso es fundamental», había argumentado el ministro del Interior, Fernando Carrillo.
El debate parlamentario surgió debido a un plazo que estableció la Corte Constitucional para que se legislase sobre el tema antes del 21 de junio de 2013.
Ahora, las miradas se dirigen de nuevo a la Corte, que ya en 2007 había reconocido a las parejas homosexuales los mismos derechos sociales y patrimoniales que a las uniones libres de heterosexuales.
La negativa del Senado ante el matrimonio homosexual no anula los principios ya acordados, y podría más bien convertirse en un galimatías.
«El 21 de junio, a las 8 de la mañana, cuando las parejas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) vayan a notarías y juzgados a exigir que los casen, habrá caos, desorden y confusión porque habrá notarios que dirán que sí habrá matrimonio igualitario y otros que no», anticipó Benedetti.
«Pero eso lo definirá la Corte Constitucional», explicó.
Ya el fiscal general Eduardo Montealegre reconoció que «de la sentencia de la Corte Constitucional pueden surgir dos interpretaciones razonables, válidas ambas» y si llega a haber un intento de sancionar a un notario que efectúe un matrimonio homosexual sería «una extralimitación de poder y un abuso de autoridad».
Diana Luna, abogado de un colectivo gay, sostiene que con la decisión del Senado se creó un vacío jurídico.
Poco optimista sobre la actitud que adoptarán los notarios, Luna dijo a la AFP que teme «un riesgo (para la defensa de los derechos de los homosexuales), porque la mentalidad está muy estrecha en ese tema».
Esta abogado considera que si se hubiese aprobado el proyecto de ley, habría ayudado «a cambiar las mentalidades, para que los homosexuales puedan salir del closet».
«No estamos al nivel de otro países del mundo donde la gente tiene su unión libre y vive tranquila con eso. Acá, la comunidad gay piensa mucho en el matrimonio», explicó.
Más allá de su valor simbólico, el matrimonio amplía los derechos de la pareja, pues sus efectos son inmediatos y no requieren del plazo de dos años de convivencia que exige la unión libre.
Por ello, para los defensores del matrimonio gay, la batalla debe proseguir.
«Los políticos nos dieron la espalda, pero si es necesario vamos a volver al terreno judicial para que se reconozca nuestros derechos», aseveró Marcela Sánchez.
En América Latina existe el matrimonio para las parejas del mismo sexo en Argentina, desde 2010; Uruguay, desde el pasado 10 de abril; y en Ciudad de México, desde 2009. // IPP
Fuente: Agencias
