Caracas 19 de octubre de 2026.- El ingeniero Elías Matta, experto en energía, advirtió que el proyecto de reforma de la Ley del Sistema Eléctrico venezolano carece de las garantías mínimas necesarias para atraer el capital privado que el país necesita para superar la crisis eléctrica, pese a que representa el cambio más profundo del sector en los últimos 25 años.
«Es un reconocimiento implícito de que el modelo estatal fracasó. La reforma pone fin al monopolio de Corpoelec y abre la generación, la distribución y la comercialización a la inversión privada. La dirección es correcta», afirmó Matta.
El especialista destacó como uno de los principales avances la creación de una tarifa basada en los costos reales, acompañada de un subsidio explícito que deberá reflejarse en cada factura. «Por primera vez, el venezolano sabrá cuánto cuesta realmente la electricidad, cuánto paga el Estado y cuánto paga él», señaló.
Asimismo, valoró la creación de una superintendencia reguladora, la separación del despacho eléctrico de Corpoelec y la libertad de contratación entre los grandes consumidores y los generadores.
Sin embargo, Matta advirtió que el proyecto presenta fallas precisamente en los aspectos que determinan si una iniciativa puede obtener financiamiento. En primer lugar, señaló que el subsidio carece de garantías de pago. «La ley dice que el subsidio no afectará a las empresas, pero no fija plazos ni establece consecuencias si el Estado no paga. Con la tarifa política sola no se paga ningún crédito», explicó.
En segundo lugar, cuestionó que el presidente de la República pueda nombrar y remover libremente a todos los integrantes del directorio de la Superintendencia. «Un regulador que puede ser destituido con una llamada telefónica no es un regulador, es una dependencia del ministerio», sentenció.
A juicio de Matta, el aspecto más grave es que, al término de una concesión, todos los activos pasarían a Corpoelec sin una compensación expresa y libres de gravámenes, incluso si el Estado rescinde unilateralmente el contrato. «Eso es una expropiación anunciada. Ningún banco va a financiar un proyecto cuyo colateral desaparece por ley», advirtió.
Matta añadió que el Estado podría reservarse cualquier circuito de distribución mediante una declaración de «interés estratégico», sin que el proyecto establezca criterios claros para hacerlo. También señaló que el texto no garantiza el acceso al arbitraje internacional.
Para corregir estas deficiencias, propuso que la Asamblea Nacional incorpore cinco cambios fundamentales: establecer un regulador con directivos de períodos fijos, cuya remoción solo sea posible por causas previamente establecidas; fijar un plazo legal para el pago del subsidio y crear un fideicomiso que garantice su cumplimiento; reconocer el derecho a recibir una compensación por las inversiones no amortizadas al término de las concesiones; garantizar el acceso al arbitraje internacional; y establecer un mercado mayorista con un precio de referencia, junto con la derogación expresa de la ley de 2010.
«Lo que falta no contradice la reforma, la completa. Si la Asamblea corrige estas brechas, Venezuela tendrá un marco eléctrico competitivo en la región. Si no, tendremos una ley moderna en el papel y apagones en la realidad», concluyó.
