El gremio de prensa denuncia que suprimir las penas de prisión por multas exorbitantes de hasta 10.000 veces la moneda de mayor valor y facultar al Ministerio de Interior para sancionar no frena la intimidación contra periodistas y medios independientes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este martes 3 de noviembre la propuesta de reforma parcial de la «Ley contra el Odio», sancionada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. A través de un pronunciamiento institucional, la organización gremial advirtió que el proyecto legislativo preserva herramientas destinadas a restringir la libertad de expresión, censurar publicaciones y habilitar la persecución administrativa de comunicadores y ciudadanos.
El sindicato reiteró su demanda histórica de derogar íntegramente la normativa dictada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Desde la perspectiva de la organización, la eliminación de las penas de 10 a 20 años de prisión resulta insuficiente para corregir el andamiaje restrictivo que ha imperado durante casi una década: desde 2020, el gremio ha contabilizado al menos 27 trabajadores de la prensa judicializados mediante el artículo 20 por el presunto delito de «incitación al odio».
Conceptos ambiguos y criminalización de la denuncia
Uno de los principales focos de alarma señalados por el SNTP es la permanencia de categorías imprecisas sobre qué constituye discurso de odio, hostigamiento o discriminación. El gremio subrayó el riesgo de que nociones subjetivas como «temor, angustia o zozobra» continúen utilizándose como fundamento para abrir expedientes sancionadores contra la labor informativa.
«La investigación periodística, la denuncia de corrupción y la crítica reiterada a funcionarios pueden generar incomodidad o rechazo público, pero esas consecuencias no constituyen por sí mismas una infracción», recalcó el sindicato, desestimando que el escrutinio público a las instituciones estatales deba equipararse con actos de violencia.
Asimismo, el gremio alertó sobre la disposición que permitiría ordenar la eliminación inmediata de contenidos y publicaciones sin necesidad de contar con una orden judicial previa, vulnerando el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Asfixia económica y concentración de poder en el Ejecutivo
El comunicado detalla el severo impacto patrimonial previsto en el esquema de sanciones alternativas. El texto en discusión estipula multas que oscilan entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV), junto a penas de 200 a 600 horas de trabajo comunitario o asistencia a programas educativos obligatorios. Para el gremio, estos montos configuran un mecanismo de asfixia financiera capaz de liquidar el patrimonio de medios pequeños y comunicadores independientes, profundizando la autocensura.
«La eliminación de la cárcel no elimina el carácter intimidatorio de una legislación que permite imponer consecuencias económicas y administrativas desproporcionadas», enfatizó el SNTP.
El gremio también expresó su alarma ante la atribución conferida al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz —a cargo de Diosdado Cabello— para investigar y dirimir los procedimientos administrativos contra expresiones públicas. El sindicato denunció los antecedentes de hostigamiento y descalificación sistemática hacia periodistas por parte de dicha jefatura, sentenciando que «el Ejecutivo no puede convertirse en juez de la expresión pública».
Ausencia de amnistía y reparación a víctimas
Finalmente, el SNTP cuestionó que la reforma no prevea el sobreseimiento de causas judiciales abiertas, la revisión de condenas previas, el levantamiento de medidas cautelares ni mecanismos de reparación integral a las víctimas.
Al prescindir de estas garantías, el sindicato concluyó que el debate parlamentario consolida la impunidad sobre los abusos cometidos desde 2017 y deja en la indefensión a decenas de comunicadores que enfrentan procesos activos o que se vieron forzados al exilio.
