El terremoto suele medir la resistencia de los edificios. Pero, en países políticamente tensos, también mide la resistencia de las instituciones. Venezuela lo comprobó tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio de 2026, una emergencia que obligó a declarar el estado de emergencia nacional y que dejó al descubierto una pregunta central: ¿la respuesta del Estado estuvo orientada, ante todo, a salvar vidas o a preservar el control político?
La tragedia venezolana, sostiene el investigador, permite formular una hipótesis incómoda: en sistemas donde las fuerzas armadas son pilar central del poder político, la gestión de desastres puede quedar condicionada por la preservación del régimen. Y cuando esa sospecha aparece en medio del dolor, también se convierte en parte de la catástrofe.
Por ello ubica el debate en una dimensión institucional: en sistemas políticos altamente centralizados, la respuesta ante una catástrofe puede quedar condicionada por la preservación del régimen antes que por la protección directa del ciudadano.
Los reportes humanitarios difundidos en los días posteriores describieron una crisis humanitaria de gran magnitud: miles de personas afectadas, evacuaciones masivas, hospitales dañados, escuelas comprometidas, viviendas destruidas y equipos nacionales e internacionales desplegados en labores de rescate, atención sanitaria, distribución de agua y alojamiento temporal. En ese escenario, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedó sometido a una lectura que trasciende la logística y entra de lleno en el terreno político.
En una catástrofe, la primera respuesta del Estado no solo salva vidas: también revela prioridades. Esa es la lectura que propone el profesor e investigador Rodrigo Mijares al analizar la actuación institucional posterior a los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, una emergencia que obligó a decretar el estado de emergencia nacional y expuso, una vez más, la fragilidad de los sistemas de respuesta ante desastres.
