El doble terremoto del pasado 24 de junio evidenció el crítico nivel de vulnerabilidad de Venezuela frente a eventos naturales extremos y desnudó las severas deficiencias del Estado para atender una emergencia de magnitud catastrófica. Así lo afirmó Omar Vázquez Heredia, integrante del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis).
Durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, el especialista calificó de “ineficiente” la respuesta inicial de los organismos oficiales. Sostuvo que la vulnerabilidad de una nación no depende únicamente de la fuerza del fenómeno natural, sino de la solidez institucional y social para mitigar sus consecuencias.
A su juicio, la absoluta dependencia del apoyo de brigadas y rescatistas extranjeros es el síntoma definitivo del desfinanciamiento crónico y la falta de recursos que padecen los cuerpos de bomberos y Protección Civil en el país.
Urgen reformas: Gestión del riesgo y planificación territorial
Vázquez explicó que Venezuela debe migrar con urgencia hacia un sistema nacional de gestión del riesgo enfocado en la prevención y la resiliencia, superando el actual esquema reactivo que solo actúa una vez consumado el desastre. Para ello, propuso una hoja de ruta estructural:
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Monitoreo científico: Crear un Observatorio Nacional de Eventos Naturales y Climáticos Extremos.
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Ordenamiento urbano: Diseñar planes de ordenación territorial con participación ciudadana vinculante para definir el uso adecuado y seguro de los suelos.
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Políticas de adaptación: Diferenciar la exposición geográfica a la amenaza de la vulnerabilidad socioeconómica de la población, la cual puede reducirse drásticamente mediante inversiones públicas y capacitación.
Exigen una «Comisión de la Verdad» y auditoría a constructoras
El investigador del Ildis fue enfático al señalar que la magnitud de la tragedia edilicia está estrechamente ligada al incumplimiento de las normas de construcción antisísmica y a la asignación de permisos en terrenos no aptos.
Ante este escenario, instó a auditar la actuación tanto de los funcionarios que avalaron los proyectos como de las empresas constructoras involucradas, para determinar responsabilidades administrativas y penales.
Transparencia en la reconstrucción: Vázquez sugirió que, una vez superada la fase de salvamento, se impulse una comisión de la verdad y la justicia. Asimismo, exhortó a las organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía a exigir la máxima transparencia en el uso de los fondos de recuperación, recordando que la catástrofe ha vulnerado derechos fundamentales como la vida, la salud, la vivienda, la seguridad y el acceso a servicios básicos como agua y electricidad.