Mientras sigue el hermetismo alrededor de la reunión de negociación entre el Gobierno de Argentina y los acreedores de deuda no reestructurada, crece la tensión hacia el inminente cese de pagos y se alimentan hipótesis sobre el paisaje económico y político que quedaría en el país en un caso u otro.
Desde la 11.00 hora local (15.00 GMT), cuando llegó el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, a la oficina de Daniel Pollack, el mediador judicial nombrado por el juez Thomas Griesa, en Nueva York solo ha habido silencio oficial y rumores extraoficiales.
A la salida del despacho de Pollack, se acumulan los periodistas durante horas, pasan los curiosos y preguntan e incluso algunos ciudadanos argentinos se suman a la espera. ¿Hasta qué hora?
El cese de pagos o «default» tiene como fecha límite el 30 de julio, pero el contrato no especifica si es al cierre de los mercados de Nueva York a las 17.00 (21.00 GMT), a los de Europa (teoría ya descartada, pues ya ha sucedido) o si simplemente es hasta el final del día.
«Es una buena pregunta», responden desde la agencia de calificación Moody’s. En el tejado de ella y de Standard & Poor’s está la temida pelota del «cese de pagos», si bien Argentina se resiste a ajustarse a esa etiqueta.
«Argentina no va a estar en default (suspensión de pagos) por una razón muy sencilla, esencial, elemental: en default entran los que no pagan y Argentina pagó», afirmó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, hace ahora una semana.
Las negociaciones para el acuerdo con los «fondos buitre» que desbloquearían el pago que Argentina, efectivamente, realizó el 26 de junio (que ascendía a 1.031 millones de dólares), el martes avanzaron en la cuestión física (por primera vez las partes se encontraron cara a cara) pero no conceptualmente (según el mediador, nada se solucionó).
Kicillof, que apareció a última hora y prolongó la reunión hasta casi la medianoche, aseguró que se estaba «trabajando fuerte» en una solución que evitara el cese de pagos, pero los fondos especulativos llevan desde el jueves pasado sin hacer declaraciones.
Este miércoles, el gran giro lo han dado los bancos de Argentina, que propusieron al Gobierno de Cristina Fernández una garantía de pago millonaria a los «holdouts» para lograr un acuerdo que evite que el país suramericano entre en cese de pagos, confirmó una fuente del sector.
«Se está trabajando en la línea de aporte de los bancos, para conformar un fondo que de alguna manera ayude a la reinstalación del stay (medida cautelar)», dijo a radio Del Plata el gerente financiero del Banco Piano, Francisco Ribeiro Mendonça.
Entre los rumores más sonados, estaba el de que Adeba (Asociación de Bancos de Argentina) podría asumir la deuda del país con estos acreedores, comprándola a título privado, y algunos medios han asegurado que Sebastián Palla, uno de los artífices de anteriores canjes de deuda, estaría presente en la reunión.
Esta solución resolvería los dos escollos incompatibles que enfrenta el litigio que el país suramericano tiene en los tribunales de Nueva York: la cláusula «pari passu» firmada por el juez Thomas Griesa y la cláusula RUFO firmada en la reestructuración de la deuda.
La primera no permite a Argentina dar prioridad en el pago a los bonistas de deuda reestructurada. La segunda legitima a estos a reclamar un pago equitativo si otros bonistas (en este caso los «holdouts») son pagados en mejores condiciones que las que ellos pactaron en el 2005 y el 2010.
Este acuerdo sería, efectivamente, una solución eficaz al cese de pagos, y permitiría la reposición por parte del juez Griesa de la medida cautelar, que anula la cláusula «pari passu» y que, tal como solicitaban el martes los tenedores de bonos europeos, podía dar un tiempo de renegociación de la RUFO (derechos sobre oferta futura), que caduca el 1 de enero del 2015.
No así un desbloqueo del pago, pues, por el tiempo que tardaría en hacerse efectivo (un mínimo de 48 horas), provocaría una breve suspensión de pagos reversible en cuanto se confirme que el dinero ha llegado a los bonistas.
El peor de los escenarios posibles, dentro de la posibilidad del cese de pagos, sería que este se prorrogara hasta 60 días y, entonces, Argentina entraría en el «cross default», es decir: en una reestructuración de los bonos reestructurados y en el consiguiente descrédito para la inversión extranjera, de fatales consecuencias para la economía y la sociedad argentinas.
Fuente: Agencia
