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El retardo procesal también es ilegal

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El retardo procesal también es ilegal

En el Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Corrupción están tipificados los delitos por irregularidades administrativas. Un conjunto de cosas que no se deben hacer.

 

Retardo procesal

El juez que retarde la tramitación del proceso con el fin de prolongar la detención de la procesada o procesado, o de que prescriba la acción penal correspondiente. Igualmente, el funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, tuviere conocimiento de algún hecho punible por el cual ordene esta Ley proceder de oficio y omita o retarde indebidamente dictar las actuaciones correspondientes o dar parte de ello a la autoridad competente, será sancionada o sancionado.

 

Peculado

Cualquiera de las personas que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público

 

Peculado culposo

Cualquiera de las personas que teniendo, por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes.

 

Corrupción impropia

El funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte.

 

Corrupción propia

El funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por si mismo o mediante otra persona, para sí o para otro.

 

Soborno por beneficio familiar

Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor de la indiciada o indiciado, procesada o procesado, rea o reo, por parte de su cónyuge, concubina o concubino.

 

Uso indebido de la información

El funcionario público que a los fines de procurarse un beneficio, utilice para si o para otro, informaciones o datos de carácter reservado o confidencial de los cuales tenga conocimiento en razón de su cargo.

 

Ventaja o perjuicio electoral

El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecerse electoralmente o para favorecer o perjudicar a un candidato o candidata, grupo, partido o movimiento político.

 

Exacciones ilegales

El funcionario que arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley.

 

Concierto con interesados o intermediarios

El funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato u otra operación, se concierte con interesados, intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin.

 

Tráfico de influencias

El funcionario que en forma indebida, directamente o por interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido ventaja o beneficio económico u otra utilidad para si.

 

Lucro indebido

Fuera de aquellos casos expresamente tipificados, el funcionario o o cualquier persona que por sí misma o mediante persona interpuesta se procure ilegalmente alguna utilidad en cualquiera de los actos de la administración pública.

 

Aprovechamiento fraudulento de fondos públicos

Los representantes o administradores de personas naturales o jurídicas, así como directores o principales de éstas, que, por actos simulados o fraudulentos, se aprovechen o distraigan de cualquier forma, en beneficio propio o de terceros, el dinero, valores u otros bienes que sus administradas o representadas hubieren recibido de cualquier órgano o ente público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación.

 

Balances fraudulentos

Los comisarios, administradores, o directores o principales de personas jurídicas en las que tenga interés algún órgano o ente público que, a falta de balance legalmente aprobado, en disconformidad con él o con base a balances insinceros, declaren, cobren o paguen utilidades ficticias o que no deban distribuirse.

 

Distorsión o alteración de cifras o datos

Los funcionarios, que con el fin de distorsionar resultados, estado o condición de los bienes, datos estadísticos, o situaciones financieras, emitan cifras o datos que no se correspondan con el verdadero estado de los bienes o con lo realmente generado, producido o contabilizado y por cuyo motivo se efectúen o dejen de efectuar, actos o medidas que ocasionen daño al patrimonio público.

 

Falsedad de certificaciones

El funcionario que expida una certificación falsa, destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares, de documentos, actas, constancias, antigüedad u otras credenciales, que puedan ser utilizadas para justificar decisiones que causen daños al patrimonio público.

 

Ocultamiento o daños a documentos públicos

Cualquiera que ocultare o que ilegalmente, inutilizare, alterare, retuviere o destruyere, total o parcialmente, algún libro u otro documento, físico o digital, que curse ante cualquier órgano o ente público.

 

Cuentas bancarias con fondos públicos

El funcionario público que abra cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero utilizando fondos públicos, aun sin ánimo de apropiárselos; quien deposite fondos públicos en cuenta particular ya abierta, o que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga el órgano o ente confiado a su manejo, administración o giro.

 

Leer más en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/el-retardo-procesal-tambien-es-ilegal.aspx#ixzz2XiGKJR2I

 

Laura Weffer

 

 

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