El reciente acuerdo firmado entre el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya de Carles Puigdemont ha suscitado un torbellino de críticas y controversias, evidenciando una vez más la compleja y a menudo contradictoria naturaleza de la política española. El documento, tachado de «cochambroso» por sus detractores, refleja las tensiones inherentes al intento de conciliar visiones opuestas dentro de un marco democrático.
La cláusula más controvertida del acuerdo, en la que se estipula que los acuerdos entre el PSOE y Junts deben atender a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya, ha sido interpretada como el gesto de rendición del sanchismo ante las aspiraciones independentistas. Este punto concede excesivo terreno a las demandas de autodeterminación y a las políticas de desconexión promovidas por Junts, consideradas no solo legítimas sino también en espera de ser activadas por los independentistas.
El acuerdo parece ignorar la realidad política de que, si el Parlamento catalán tuviera plena autonomía en estas decisiones, Cataluña podría haberse convertido en una nación independiente, un escenario que resuena con el deseo de independencia de ciertas regiones españolas, pero que choca frontalmente con la integridad territorial de España y su posición en organizaciones como la OTAN.
La aparente falta de atención dada al contenido del documento, especialmente a esta cláusula, sugiere una desconexión entre las palabras y las acciones políticas del PSOE de Sánchez. La cita de «las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras» encapsula este pragmatismo, donde la retórica se somete a la conveniencia política, desdibujando las líneas entre los compromisos ideológicos y las necesidades prácticas.
Esta actitud se refleja en la forma en que el PSOE ha manejado su narrativa respecto al conflicto catalán. A pesar de haber apoyado la aplicación del artículo 155 en Cataluña en 2017 y haber calificado los sucesos de octubre de ese año como una rebelión, el sanchismo parece haber adoptado una postura entreguista. Este cambio ha llevado a los sectores que apoyan el Estado de derecho y la democracia a cuestionar la coherencia y la credibilidad del PSOE, especialmente teniendo en cuenta su historia y su papel en la política española desde el regreso de la democracia con los Pactos de la Moncloa.
El acuerdo con Puigdemont también se ha visto afectado por la falta de claridad y la aparente superficialidad de sus términos. La inclusión de la palabra «lawfare» y la referencia a una ley de amnistía para los implicados en los eventos de 2014 y 2017 son ejemplos de cómo el lenguaje del documento parece oscurecer más que aclarar. La ley de amnistía, en particular, presenta desafíos jurídicos y éticos significativos, especialmente en lo que respecta a los indultos ya otorgados y la ausencia de un cambio significativo en el marco político y jurídico que justifique tal medida.
En resumen, el pacto entre Sánchez y Puigdemont, lejos de ser un mero acuerdo político, es la continuidad del sanchismo que busca la supervivencia política, socavando las bases de la nación española. Muestra cómo el pragmatismo de Pedro Sánchez puede a veces llevar a compromisos que parecen contradecir los principios y la historia del PSOE. Además, plantea interrogantes sobre el futuro de la integridad territorial de España y la naturaleza de sus compromisos democráticos. En última instancia, este acuerdo puede ser visto como un reflejo de la constante lucha entre la democracia y el autoritarismo en la política contemporánea.
Editorial de El Nacional
