Este diario ha sido por 80 años ―que cumple el próximo 3 de agosto― una casa de la libertad y la democracia.

Desde su fundación, cuando el mundo libraba la batalla contra el nazismo y el fascismo, El Nacional apostó decididamente por dejar atrás el tiempo de la larga noche gomecista y los gobiernos de signo militar para apoyar el anhelo del país de ser libre e independiente, justo y de progreso social y económico para sus habitantes, incluidos los cientos de miles venidos de todas partes del mundo. Porque eso era, y volverá a ser, Venezuela: una nación de puertas abiertas.

Estamos preparados para continuar nuestra labor de informar, al lado del pueblo de Venezuela, de toda su gente de bien, de sus organizaciones democráticas, de la sociedad civil que no desmaya, de esos maestros y maestras que salen a la calle cada día a librar la batalla por la educación, por dignidad―una palabra mancillada― salarial y humana. Y por el mundo que posa sus ojos sobre este país adolorido, acorralado, despojado pero no vencido.

El pasado 25 de enero ―dos días tan solo después de la conmemoración del 65 aniversario de la conquista de la democracia en 1958― este diario sufrió una nueva arremetida contra su derecho a buscar y difundir información, cuando un fiscal del Ministerio Público, acompañado por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentó en la vivienda del jefe de redacción de El Nacional, el periodista José Gregorio Meza, a media hora de Caracas, y sin citación previa llevarlo a una sede del organismo policial para ser sometido a interrogatorio.

Hay citaciones además contra el presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien se encuentra en Madrid; y la jefa de Información, Hilda Lugo Conde, también fuera del país. Igualmente contra la jefa de Recursos Humanos, ajena al tratamiento de la información y a quien le exigieron la lista de trabajadores del periódico.

¿Qué buscan con tanta diligencia el fiscal del Ministerio Público y su comisión? ¿Qué buscan con tanta premura estos funcionarios que someten al escarnio y a la desesperación a cientos de ciudadanos presos por lo que piensan, sin derecho a juicio? ¿Qué buscan con tanto afán, impedir la investigación periodística, amedrentar a los periodistas y a las fuentes?

Señores del Ministerio Público, queremos recordarles que está vigente la Constitución Nacional:

Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia:

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los que se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

Artículo 57: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de comunicación o difusión, sin que pueda establecer censura.

El Nacional