Las comunidades de los municipios Palavecino e Iribarren, incluyendo las parroquias Tamaca y los caseríos de Moyetones, enfrentan un panorama crítico caracterizado por la ausencia prolongada de agua potable por tuberías, fallas eléctricas recurrentes y una red de distribución colapsada por miles de litros desperdiciados en fugas.
La crisis de servicios públicos en el estado Lara golpea sin tregua a sus habitantes. Las comunidades de los municipios Palavecino e Iribarren, incluyendo las parroquias Tamacay los caseríos de Moyetones, enfrentan un panorama crítico caracterizado por la ausencia prolongada de agua potable por tuberías, fallas eléctricas recurrentes y una red de distribución colapsada por miles de litros desperdiciados en fugas.
Palavecino: 11 pozos inoperativos y costos impagables
En Palavecino la situación se califica como de caos total. De acuerdo con Jorge Meléndez, de 11 pozos profundos disponibles, solo dos operan en El Recreo, mientras que nueve permanecen desconectados y sin mantenimiento en puntos como Trigal Sur y Valle Hondo.
Esta falla deja sin suministro a urbanizaciones densamente pobladas de la parroquia José Gregorio Bastida. Las zonas rurales, por su parte, dependen de sistemas de bombeo propios que quedan inhabilitados ante apagones de hasta ocho horas.
Ante la falta del recurso, adquirir un tanque de 1.000 litros por 30 dólares resulta impagable para el salario promedio. Como medida de supervivencia para el almacenamiento y ahorro, la población implementa estrategias extremas: recolectan el agua condensada de los aires acondicionados en bidones para destinarla a los sanitarios y limpieza, o bien dependen del agua que fluye desde las faldas del Parque Nacional Terepaima, cuyas tomas deben limpiar por cuenta propia debido a la desatención institucional.
Zona norte de Iribarren: Tamaca y Moyetones entre la sequía, el agua salobre y el almacenamiento extremo
La escasez también estrangula a la zona norte de Barquisimeto. En Tamaca, el suministro de cisternas por parte de la alcaldía cesó definitivamente, y aunque se proyecta un pozo para abastecer el casco central, persiste la preocupación por la salubridad del agua en una parroquia donde el recurso históricamente ha sido salobre.
En urbanizaciones como Don Aurelio, los vecinos cuentan con un pozo reactivado tras nueve años de inactividad, pero el agua no es apta para el consumo humano debido a su alto nivel de sal. Para subsistir, deben comprar agua purificada por recarga en garrafones, mientras que familias de escasos recursos pagan entre 1,50 y más de 60 dólares por tambores y tanques.
La misma precariedad se vive en Moyetones Sector 3. Milagros Díaz denunció que las cisternas llegan de forma muy espaciada hasta cada ocho días, obligando a un racionamiento extremo.
Para mitigar la sequía, los habitantes realizan un esfuerzo constante de almacenamiento en tanques azules (muchos de ellos remendados y antiguos) o recurren a la recolección de agua de lluvia. A esto se suman apagones de hasta seis horas que dañaron electrodomésticos esenciales como neveras.
Iribarren: Miles de litros desperdiciados y propuestas desatendidas
Por su parte, Alcides Pérez, miembro del Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos, denunció el indignante desperdicio de agua potable frente a la sequía de las comunidades.
Pérez expuso la alarmante cantidad de fugas y botes de agua blanca registrados en las diez parroquias de Barquisimeto, señalando puntos críticos como la avenida Venezuela (con calles 8, 12 y 13) y la carrera 22 entre 14 y 15, donde se pierden miles de litros de agua por segundo mientras los hogares carecen del recurso por tubería.
Pérez advirtió que esta problemática de fugas masivas se repite en los nueve municipios de la entidad, incluyendo Palavecino, Carora y Jiménez.
Ante esto, el movimiento en alianza con el Colegio de Ingenieros del estado Lara y su presidente, el ingeniero Julio Gutiérrez entregó propuestas técnicas formales de mantenimiento preventivo y correctivo a corto, mediano y largo plazo a la Gobernación y a Hidroven, exigiendo a las autoridades que detengan el desperdicio criminal del recurso y rescaten el servicio hídrico.
