Faltar a los actos proselitistas del gobierno representa severas consecuencias para los trabajadores del sector público, que constantemente son acosados por los jefes y directores. «La mayoría de las veces el funcionario es castigado con desmejoras en sus condiciones laborales, además de la amenaza de que pueden ser despedidos», denunció la dirigente sindical Marlene Sifontes.
La representante del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato indicó que «en cualquier momento y sitio, incluso en el hogar y mediante una llamada al teléfono personal, el trabajador es requerido para acudir a marchas como la de ayer o cualquier otra actividad que el gobierno y el PSUV decidan».
Refirió que, por ejemplo, a los trabajadores del Metro de Caracas «que se les ocurra no marchar» los trasladan a lugares distantes de sus domicilios, los ponen a «jugar banco», no son ascendidos o les niegan promociones y beneficios socioeconómicos.
«En Inparques un trabajador que vive en Cotiza fue trasladado del parque El Ávila al parque Vinicio Adames, localizado en la vía de Tazón, por no aceptar las cosas que le imponen. Eso es un despido indirecto», advirtió la dirigente de Fadess.
Alertó que la presión a los funcionarios se profundiza.
«Los jefes les exigen lealtad absoluta a la revolución socialista ante la realidad de que el gobierno está perdiendo la calle y necesita grandes masas de gente, pues el pueblo ya no los acompaña en sus convocatorias a las marchas y concentraciones».
Destacó la decisión de algunos funcionarios que, por defender su derecho democrático, han apoyado con su firma al partido político de su preferencia en el proceso abierto por el Consejo Nacional Electoral. «Igual que con las firmas del referéndum revocatorio, estos trabajadores actúan pese a la consecuencia de ser despedidos», dijo la sindicalista.
Respecto al decreto del presidente Nicolás Maduro que declara no laborables lunes, martes y miércoles de Semana Santa, Sifontes señaló que «perjudica la productividad en la administración pública». Servando Carbone y Antonio Suárez, directivos de Fentrasep y Fedeunep, federaciones nacionales de trabajadores del sector público, rechazaron también la medida presidencial.
«En un país económicamente devastado esta medida es inconveniente», advirtió Carbone. El directivo de Fentrasep refirió que «constantemente se llama a los funcionarios a ser productivos, por lo que este decreto es una contradicción a ese mensaje».
Recalcó que los trabajadores no disfrutarán los días de asueto con su familia porque no tienen dinero debido a la depauperación del ingreso y «ya cobraron la quincena y el ticket alimentación y los gastaron fundamentalmente en comida».
Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, deploró que la medida sea política porque se afecta la productividad del sector público y también la de la empresa privada, cuyos trabajadores pueden alegar un trato discriminatorio y exigir que les den libre los primeros tres días de la Semana Mayor.
Suárez manifestó que desconoce los alcances del decreto presidencial porque el texto no había sido publicado en Gaceta Oficial. Sin embargo, se espera que las oficinas de atención al público (notarías y registros, entre otras) sean excluidas de la medida para no perjudicar a los ciudadanos.
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Por Confirmado: Oriana Campos
