El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, ha preparado una ley cuyo trasfondo es el control de Internet por parte del Estado, a través de la creación de una empresa estatal que administrará los servicios de banda ancha en este país centroamericano, decidirá a quiénes entregará las concesiones para ofrecer dichos servicios y podrá, a través de la estatal Telcor —empresa reguladora del sector— exigir la entrega de información de los usuarios de Internet nicaragüenses.
La iniciativa, que es promovida por el Ejecutivo como una normativa para modernizar las telecomunicaciones en Nicaragua, todavía no llega a la Asamblea Nacional para su discusión, pero ya ha generado gran rechazo, incluyendo a la empresa privada nicaragüense, fuerte aliada de Ortega.
El reglamento, denominado Ley de promoción y desarrollo de la Red Nacional de servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, le da potestad a Telcor para obligar a las empresas que prestan el servicio de Internet a proporcionar «la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones que éste les requiere», así como «presentar toda la información técnica, económica y financiera que Telcor les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas».
Una función que, según la asociación de Internet de Nicaragua, analistas y organizaciones de la sociedad civil, podría implicar una violación a la privacidad de los nicaragüenses, garantizada en la Constitución, al entregarle al Ejecutivo sandinista el control de las comunicaciones realizadas a través de Internet.
Fuente: ElPaís
