El fenómeno migratorio venezolano entra en una nueva fase de evaluación interna. Un reciente estudio del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV) revela que, aunque el 44.5 % de los migrantes consideraría regresar al país, esta posibilidad no es un cheque en blanco, sino un plan supeditado a cambios estructurales profundos en materia de seguridad y economía.
En entrevista para Shirley Radio, el sociólogo y presidente del ODV, Tomás Páez, desglosó que la principal exigencia de quienes están fuera es la garantía del derecho a la vida en su sentido más amplio. Para el experto, la demanda de «seguridad» integra dos dimensiones críticas:
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Seguridad Personal: La protección frente al hampa y la violencia criminal.
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Seguridad Jurídica: La garantía de no ser objeto de persecución política o arbitrariedades judiciales.
«Es garantizar que no me van a perseguir, garantizar que no me van a asaltar. Es todo», sentenció Páez, subrayando que sin un marco legal confiable, el retorno sigue siendo una idea abstracta para la mayoría.
El peso del arraigo y la integración
Pese al anhelo de retorno de casi la mitad de los consultados, las cifras de permanencia definitiva también son contundentes. Un 19.3 % de la población migrante ha decidido no regresar bajo ninguna circunstancia. Este fenómeno responde a la consolidación de proyectos de vida en el extranjero tras más de dos décadas de flujo migratorio:
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Integración exitosa: El 57 % de los encuestados se considera «completamente integrado» en sus países de acogida, mientras que un 32 % se siente «medianamente integrado».
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Factor demográfico: La diáspora está compuesta mayoritariamente por personas entre los 18 y 50 años, en plena edad productiva y reproductiva, que ya han echado raíces, formado familias y establecido carreras lejos de las fronteras venezolanas.
Plazos y condiciones
El estudio detalla que solo un 11.4 % se plantea un regreso a corto plazo, mientras que un 9.6 % lo ve posible a largo plazo. Además de la seguridad, los encuestados señalaron la estabilidad política, la recuperación económica y la eficiencia de los servicios públicos como los «pilares» necesarios para desarmar las maletas.