El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que planea poner fin al uso de prisiones privadas en el país, tras concluir que ese tipo de gestión en los penales acarrea más incidentes de seguridad y desprotección que los dirigidos por la Oficina Federal de Prisiones.
La Justicia estadounidense comenzará así a no renovar contratos con esas cárceles con el objetivo de dejar de utilizarlas.
“Este es el primer paso en el proceso de reducción y, en última instancia, pone fin a nuestro uso de establecimientos penitenciarios privados”, afirmó en un comunicado la fiscal general adjunta del país, Sally Yates.
Sin embargo, esta decisión no aplica para los centros de detención de inmigrantes que están gestionados de manera privada, ya que estos dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y no del Departamento de Justicia.
Numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado duramente estos centros para inmigrantes, por considerar inapropiadas sus instalaciones para acoger a familias enteras y no ofrecer un mínimo de condiciones a los detenidos.
Según un informe revelado la semana pasada sobre las condiciones penitenciarias, las instalaciones privadas, por ejemplo, tenían tasas más altas de agresiones tanto entre internos, como entre reclusos y el personal empleado.
En los últimos años, numerosas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación estadounidenses han denunciado las precarias condiciones de este tipo de centros penitenciarios alegando que la búsqueda de beneficios económicos incurría en la atención deficitaria a los presos, causando numerosos altercados.
Aun así, los 13 centros de gestión privada que existen en Estados Unidos no se clausurarán de inmediato, sino que sus contratos irán venciendo a lo largo de los próximos cinco años.
EFE/Fanny Vargas
