Madres de jóvenes detenidos en las últimas semanas crearon un frente común para promover su defensa.
Denuncian que los universitarios son trasladados a cárceles comunes de alta peligrosidad, poniendo en riesgo la vida y violando sus derechos humanos. En algunos casos, incluso, se les ha negado el derecho a la defensa. Susana Rojas, madre de Luis Pérez, relata que su hijo fue capturado tras una marcha estudiantil en Caracas y «ruleateado» por los cuerpos de seguridad. «Pasó la noche en una celda común esposado. No sabíamos de su estado de salud ni condición física», denuncia. Las mujeres le piden a la Fiscalía que «diga la verdad» sobre las investigaciones por los móviles de las detenciones. A la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ni se molestan en llamarla, porque «no entienden» para qué sirve su despacho.
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