La ONG defensora de derechos humanos Provea exigió este lunes una resolución definitiva en el emblemático caso de la exjueza María Lourdes Afiuni, quien permanece desde hace más de 16 años sin recuperar plenamente sus derechos. La abogada fue detenida en 2009 tras otorgar medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, cumpliendo con una decisión judicial avalada por instancias de la ONU que consideraban el arresto de Cedeño como arbitrario.
A través de su cuenta en la plataforma X, Provea denunció que Afiuni fue “detenida, encarcelada, torturada física y mentalmente” en un proceso judicial viciado que, hasta la fecha, sigue abierto de forma irregular.
Un delito «sin pruebas» y el origen del «Efecto Afiuni»
La organización recordó que la exjueza fue condenada por corrupción propia, a pesar de que la propia fiscal del caso dejó constancia en el expediente de que no existió contraprestación económica alguna, un elemento indispensable para configurar ese delito según las leyes venezolanas.
“La jueza María Lourdes Afiuni es uno de los símbolos más documentados de la destrucción de la autonomía del Poder Judicial en Venezuela”, sentenció la ONG.
El caso dio origen al denominado “efecto Afiuni”, un término utilizado a nivel internacional para describir el temor generalizado de los jueces y funcionarios venezolanos a actuar con independencia en asuntos políticamente sensibles, bajo la amenaza de correr con la misma suerte.
Cuestionamiento a las reformas de Delcy Rodríguez
Provea también criticó fuertemente la exclusión de Afiuni de la Ley de Amnistía y cargó contra la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal anunciada por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Según la ONG, dicha consulta “no puede ser tomada en serio” mientras casos tan flagrantes como el de la exjueza permanezcan sin resolverse.
La exigencia de la organización ocurre pocos días después de que los familiares de Afiuni solicitaran el cierre definitivo de la causa penal, alegando que la condena impuesta ya fue totalmente cumplida.
“Exigimos una resolución definitiva que restablezca plenamente los derechos de María Lourdes Afiuni y que ningún juez en Venezuela vuelva a ser perseguido por aplicar la ley”, concluyó la organización.
