La pérdida de valor de la moneda venezolana no se detiene. Al cierre de este viernes, último día hábil de mayo, el bolívar registró una depreciación del 46% en lo que va de año frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, ubicando la tasa de cambio de la divisa norteamericana en 554,42 bolívares.
Según los datos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), la cotización de la moneda estadounidense —principal marcador de precios en la economía nacional— ha experimentado un incremento del 82,2% desde los 301,37 bolívares registrados a principios de enero de 2026.
El comportamiento cambiario e inflacionario
La aceleración del tipo de cambio mantuvo fuerza durante el quinto mes del año:
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Balance de mayo: El dólar trepó un 12,2% (inició el mes en 489,55 bolívares), lo que se tradujo en una devaluación del 10,8% para el signo monetario nacional en apenas 30 días.
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Historial reciente: Esta tendencia da continuidad al comportamiento de 2025, año en el que el bolívar se devaluó un 82% y la divisa saltó de 52 a 298,14 bolívares.
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Inflación desbocada: Este avance cambiario presiona directamente el índice de precios. De acuerdo con el BCV, el país acumuló una inflación del 90% tan solo entre enero y abril.
Sectores económicos y analistas reiteran que la escalada del dólar provoca un encarecimiento automático de bienes y servicios, pulverizando la capacidad de compra de los ciudadanos, especialmente de aquellos que dependen exclusivamente de ingresos en bolívares.
Salarios pulverizados y la «bonificación» del ingreso
La brecha entre el costo de la vida y el ingreso formal mantiene bajo extrema presión a la administración pública y al sector privado.
El salario mínimo y las pensiones permanecen congelados desde 2022 en 130 bolívares, una cifra que, a la tasa oficial actual, equivale a apenas 23 centavos de dólar mensuales.
Para intentar compensar este colapso, el Ejecutivo ha recurrido a una política de asignaciones complementarias indexadas. El pasado 30 de abril, Delcy Rodríguez anunció un ajuste de los bonos directos a 240 dólares para los trabajadores activos y 70 dólares para los pensionados. Sin embargo, estas medidas mantienen bajo conflicto al sector laboral:
Los principales sindicatos y federaciones del sector público rechazan la medida debido a que estos bonos no tienen carácter salarial, lo que significa que no se computan para el cálculo de beneficios legales clave como las vacaciones, las utilidades ni las prestaciones sociales por antigüedad.
