En la sesión plenaria del martes 30 de julio el oficialismo aprobará el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo (PJ). Así lo adelantó el presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño (PSUV), quien acotó que la solicitud del TSJ para activar el mecanismo ya llegó a la Asamblea. Explicó la petición del máximo tribunal se aprobará por mayoría simple.
“El martes 30 de julio se presentará a plenaria la solicitud del TSJ y el informe de la comisión especial de la Asamblea. La oposición inscribirá a cinco oradores y la bancada revolucionaria a seis, se abrirá el debate y luego se aprobará el allanamiento de la inmunidad por mayoría simple porque se trata de una autorización”, dijo Carreño.
Explicó que las autorizaciones de la AN se aprueban con mayoría simple. Puso como ejemplo los créditos adicionales, el nombramiento de embajadores, el permiso de viaje al Presidente al exterior por más de cinco días y la condecoración de militares activos. “Todas las autorizaciones establecidas en la Constitución, incluyendo la del allanamiento de la inmunidad, se aprueban por mayoría simple”, enfatizó.
Juan C. Caldera (PJ) rechazó la argumentación de Carreño. Indicó que debe aplicarse el artículo 187 numeral 20 de la Constitución, según el cual la separación temporal del cargo de los diputados requiere dos tercios de los votos. “El levantamiento de la inmunidad implica directamente la separación del cargo. Eso requiere el voto de dos tercios”, sostuvo.
Capriles. Carreño, que también preside la comisión especial que investiga los hechos de violencia postelectoral, señaló que el informe final será presentado el martes. El objetivo de esta comisión es demostrar la responsabilidad intelectual de Henrique Capriles en las nueve muertes ocurridas la noche del 15 de abril.
Para su elaboración, la comisión especial invitó a figuras del chavismo como Mario Silva y Andrés Arenas; a familiares de los fallecidos; a testigos de agresiones al CDI; a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Otra diputada de oposición que será investigada por el Parlamento es María Corina Machado (independiente). Ayer se instaló la comisión especial que determinará si Machado y otros dirigentes de la MUD incurrieron en delitos contra la soberanía, a raíz de una conversación entre la diputada y el historiador Germán Carrera, divulgada el 26 de junio. En el diálogo se mencionan contactos con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La instancia será presidida por Jesús Farías (PSUV) e integrada por Biagio Pilieri (Convergencia), Tania Díaz (PSUV), Gladys Requena (PSUV) y Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela). El martes se aprobará el cronograma de interpelaciones y consultas a expertos. “El reglamento da 30 días para presentar el informe, pero solicitaremos una prórroga”, dijo Farías.
En otras informaciones, la Comisión de Política Interior designó una subcomisión que indagará sobre el asesinato de madre e hija en Falcón a manos de funcionarios de la GNB. Estará presidida por Jesús Paraqueima (PSUV) e integrada por Edgar Lucena (PCV), Raúl Álvarez (PSUV), William Barrientos (UNT) y Juan C. Caldera (PJ).
En la plenaria del 30 de julio podría iniciarse la segunda discusión del Código Orgánico Penitenciario, culminado ayer por la Comisión de Cultos, así como la reforma de las leyes de Consejos Estadales y Locales de Planificación terminadas por la Comisión de Poder Popular.
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