Biden propuso esta medida de revisión de sanciones en máximo 14 días como parte de una serie de directrices que incluyen financiamiento y aumento de la capacidad para combatir la Covid-19
El presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó el jueves 21 de enero una directiva de seguridad nacional en la que anuncia una revisión por parte de los secretarios del Tesoro, Comercio, Salud y Servicios Humanos, junto al director de la USAID de las sanciones económicas y financieras tanto de EEUU como de organismos multilarerales -como la Unión Europea- .
La medida se hace con el fin de “evaluar si están obstaculizando indebidamente las respuestas a la pandemia y brindar recomendaciones al Presidente, a través del asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional y el Coordinador de Respuesta Covid-19, para cualquier cambio de enfoque”.
Este apartado de su directiva nacional número uno, donde Biden ratifica el liderazgo de EEUU para combatir la Covid-19 y que se convierte en prioridad para salvar vidas en el mundo, afectaría la política de sanciones impuestas por la administración saliente de Donald Trump contra empresas estatales venezolanas, que se vieron impactadas por las decisiones de la Casa Blanca y que de acuerdo a la administración de Nicolás Maduro, las mismas presuntamente impidieron la compra de medicinas e insumos para combatir la enfermedad en Venezuela.
Biden propone que esta medida de revisión de sanciones se realice en máximo 14 días como parte de una serie de directrices de carácter diplomático que incluyen financiamiento y aumento de la capacidad para fortalecer la respuesta del mundo ante la Covid-19, prestar ayuda y asistencia humanitaria en los lugares más vulnerables con el apoyo de países y de las Naciones Unidas.
EEUU, la Unión Europea y otros países aplicaron una serie de sanciones individuales a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y a empresas de carácter nacional como PDVSA, que es el principal punto de ingresos económicos para el país, desde 2017 tras la instalación de la impuesta asamblea constituyente y los más de 120 fallecidos que dejaron las protesta antigubernamentales de ese año.
Acción de PDVSA
Las acción contra PDVSA comenzó a partir de enero de 2019 cuando se cancelaron las órdenes de compra por parte del Departamento del Tesoro y de Estado, mientras se cedió el control de Citgo a la administración de Juan Guaidó; luego vinieron sanciones contra barcos de la estatal petrolera, en especial los que llevan petróleo a Cuba y en agosto de ese año, Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro, decreta bloqueo económico total salvo excepciones.
Dicha orden ejecutiva consiste en que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno en disputa de Venezuela que se encuentran en EEUU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera.
Desde entonces, el argumento es que el Estado venezolano puede comprar alimentos y medicinas sin impedimento alguno porque la crisis que hay en el país no se generó debido a esas medidas coercitivas, sino que ya el país se venía deteriorando rápidamente, aunque desde Miraflores se dice lo contrario: Alegan que existe un “bloqueo” y que por ende, no pueden movilizar sus recursos para comprar los insumos necesarios que permitan el combate de la enfermedad.
Venezuela recibió elementos para combatir la Covid-19 por concepto de ayuda humanitaria -y de convenios bilaterales- de China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba y la Unicef.
También se logró un acuerdo entre la administración de Maduro con la Asamblea Nacional de Guaidó para que la Organización Panamericana de la Salud usara dinero en el extranjero para comprar insumos.
Sin embargo, un reportaje reciente de la agencia Bloomberg reseñaba que solo el 1% de las pruebas PCR traídas al país producto de esa medida es lo que se había entregado, pero el presidente del parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, afirmó que las mismas ya fueron distribuidas en todos los centros de salud públicos del país.
