Cientos de miles de venezolanos se volcaron a las calles de Caracas y otras ciudades el sábado por los 50 días consecutivos de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, que ha sumido a Venezuela en el caos y amenaza con convertirlo en una dictadura al estilo cubano.
Aunque las encuestas demuestran que alrededor del 70 por ciento de la población apoya la demanda de los manifestantes de celebrar las elecciones libres, Maduro y la pandilla de corruptos que está a su alrededor están aferrados al poder por la fuerza bruta de gases lacrimógenos, cañones de agua, detenciones masivas y tiroteos por francotiradores. Cuarenta y nueve personas habían muerto hasta el lunes.
La oposición dice que continuará las protestas hasta que el régimen ceda, y parece tener el apoyo popular para hacerlo. Pero los venezolanos también están esperando desesperadamente la ayuda de actores externos, incluyendo Estados Unidos. Para su crédito, la administración Trump está respondiendo, rompiendo con una política estadounidense de larga data y contraproducente de evitar la confrontación con el movimiento fundado por Hugo Chávez.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra ocho miembros del Tribunal Supremo venezolano, incluyendo a su jefe, mientras que el presidente Trump describió correctamente la escasez de alimentos y la violencia como una “desgracia para la humanidad”. El tribunal era un objetivo apto: sus miembros no son expertos legales, sino hackers políticos y lo que es peor – el presidente de la corte, un ex oficial de inteligencia del Estado, es ampliamente conocido por haber sido convicto por asesinato.
El régimen de Maduro ha utilizado al tribunal para despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, que ha tenido una mayoría de dos tercios desde la última elección que se celebró en 2015. La última y más evidente maniobra contra la Asamblea desencadenó la actual ola de protestas.
Aunque en el pasado Estados Unidos han castigado a altos funcionarios venezolanos por involucrarse en el narcotráfico, el nuevo paso de la administración señaló con razón a aquellos involucrados en la política represiva. Envió un duro mensaje a la élite chavista, que depende de cuentas bancarias denominadas en dólares y viajes de compras a Miami. Como era de esperar, el paso del gobierno provocó que los defensores de la anterior política de pasividad, que argumentan que Estados Unidos no deben tomar la delantera en la confrontación de los lamentables regímenes de América Latina, por miedo a ser acusados de imperialismo. Sin embargo, Caracas y sus aliados regionales han estado invocando esa acusación imperialista durante años en cualquier caso, y las encuestas muestran que los venezolanos no creen esa idea.
Hay límites a lo que Estados Unidos puede hacer para rescatar a Venezuela. La acción militar está fuera del asunto; la colaboración con países de ideas afines en la Organización de los Estados Americanos sigue siendo esencial. Pero hay otros pasos que Trump podría ordenar, alguno de los cuales han sido esbozados en la legislación bipartidista que está pendiente en el Congreso. La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) deberían informar públicamente sobre lo que saben acerca delas actividades delictivas de altos dirigentes gubernamentales, que incluyen el tráfico de drogas y la especulación con las importaciones de alimentos que se necesitan desesperadamente. Washington debe buscar abrir canales para la ayuda humanitaria, incluso para los miles de venezolanos que han huido a Colombia y Brasil.
Eventualmente, Venezuela podría necesitar ayuda para negociar un acuerdo para las elecciones y la ordenada transferencia del poder. Por el momento, sin embargo, el régimen de Maduro, entrenado por cubanos de línea dura de Fidel Castro, parece decidido a instalar una dictadura por la fuerza. Estados Unidos deben dejar claro que cualquiera que colabore en ese esfuerzo será un blanco de sanciones.
Washingtong Post
Por Confirmado: Patricia Villegas
