La plácida y pequeña Costa Rica, apenas un poco más grande que nuestro estado Anzoátegui, ha sido por décadas un territorio de paz en la América Central. Desde 1948, al fin de una breve guerra civil y con el inicio de lo que se denomina la segunda república, el país abolió el ejército por considerar que “un buen cuerpo de policía” era suficiente para garantizar la seguridad de la nación. Desde entonces, cada cuatro años ha renovado sus gobernantes, no sin algún tumulto, pero en una práctica democrática que ya quisieran para sí otros países más grandes y más armados. Sus ciudadanos volvieron a las urnas el domingo con mayor entusiasmo -10% más de participación que en la elección de 2002- para elegir por segunda vez a una mujer al frente del Poder Ejecutivo: Laura Fernández. La primera fue Laura Chinchilla (2010-2014).
Fernández asumirá el mando el 8 de mayo en sustitución de su gran promotor, Rodrigo Chaves. Apenas cumplirá 40 años en julio, es formada en ciencia política en la Universidad de Costa Rica y especializada en políticas públicas. Liberal en lo económico y conservadora en lo social, Fernández carecía de experiencia electoral hasta la campaña que la llevó al triunfo. Promete continuismo y le ha ofrecido a Chaves que escoja el lugar que desee en el gabinete de su gobierno, aunque de pasada advierte que su lealtad es con el pueblo costarricense. Salvando los matices ideológicos, la elección costarricense guarda similitud con la mexicana de 2024 en la que triunfó Claudia Sheinbaum para proseguir la política de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena.
El liderazgo de Chaves -sin la z – ha sido descrito como fuerte y confrontativo, con los partidos tradicionales, instituciones del Estado y la prensa. Su gestión, aun con cierto desgaste al final de su período, tiene la aceptación de más de la mitad de la población, lo que fue decisivo para el triunfo de Fernández en primera vuelta, que solo exige más de 40% de los sufragios emitidos y no la mitad más uno. El editorial de La Nación, de San José de Costa Rica, le recuerda a los triunfadores que hubo más votos repartido entre las otras 19 candidaturas.
La victoria de Chaves en 2022 fue la de un outsider, apenas ejerció un ministerio durante seis meses en el gobierno que lo precedió y luego rompería con el mandatario Carlos Alvarado. Había desarrollado toda su vida profesional fuera del país como funcionario del Banco Mundial, en cuya etapa final fue investigado por acoso sexual por el departamento de ética y conducta empresarial. Chaves aseguró que se trató de “malos entendidos”. En su campaña electoral estuvo en el ojo del escrutinio público e institucional por presunto financiamiento irregular. Acusó a la prensa de parcialidad y de saboteo a su candidatura.
La holgada victoria de Fernández -y de Chaves y su partido Pueblo Soberano- le permitió obtener 31 de 57 bancadas en el parlamento. La pregunta que se hacen sectores políticos y analistas es cómo se administrará esa mayoría. El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA -en general positivo- consigna señales de “elevados niveles de conflictividad política, ataques a la institucionalidad, a los medios de comunicación y una alta tensión entre los poderes del Estado”. E incluso, que el oficialismo “cuestionó el sistema electoral, que tradicionalmente se ha caracterizado por una sólida confianza ciudadana en Costa Rica”. Advertencias, por ahora.
