Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. El recordatorio es un aviso de que aún falta mucho por hacer para vivir en un mundo de iguales. A la mitad de la población del planeta le cuesta más trabajar, formarse, crecer, que a la otra mitad.
En esta Venezuela dolida, en retroceso o estancada en el atraso, la mujer saca la cara y patea la calle para ganarse la vida, sostener a su familia y reclamar la libertad de otras que sufren la represión política del régimen, también la de sus padres, maridos, hermanos, primos. En el país hay 1.060 personas encarceladas por motivos políticos, 121 son mujeres.
Hay algo notoriamente femenino en la lucha por la liberación de los presos políticos. La mayoría de quienes marcharon a finales de febrero por el centro de Caracas, con paradas frente al Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Fiscalía General, fueron mujeres. “Alzan carteles y muestran sus franelas con fotos de sus familiares presos. La mayoría son mujeres: madres, hermanas, esposas, primas. Cuando alguna ofrece una declaración a los periodistas que han llegado a cubrir la actividad, estiran más los brazos: se aseguran de que puedan ver bien los retratos. Que aparezca. Que no queden ocultos. De eso se trata esto”, se lee en un relato de lavidadenos sobre la jornada por la justicia y la libertad.
Entre los retratos figuran los rostros de otras como ellas, presas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el único centro de reclusión diseñado para mujeres, que para mayo del año pasado tenía un hacinamiento del 185%, donde padecen requisas efectuadas por hombres y deben pagar entre todas, en ocasiones, el servicio de agua, contratando un camión cisterna; o también detenidas, a la espera de juicio, en los tétricos calabozos del Helicoide.
Ellas, como ellos, son inocentes. Se les ha vulnerado el derecho básico a la defensa, son víctimas de procedimientos amañados y han padecido malos tratos y abusos en manos de las supuestas autoridades. Como, por ejemplo, Emirlendris Benítez, presa desde agosto de 2018 por el caso de los drones, que sufrió un aborto tras las rejas y se le han negado los cuidados médicos indispensables para evaluar su salud y garantizar su recuperación. Está condenada a 30 años de prisión. Son 121 casos, cada uno marcado por la indefensión y la desatención.
En el Día Internacional de la Mujer, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) convocaron a un 8M Rebelde y de Lucha en el que además de exigir el fin de la prisión injusta, se garantizara el aborto legal, seguro y gratuito; más igualdad, justicia y derechos; un salario justo y suficiente para una vida digna y justicia para las víctimas de feminicidios.
Editorial de El Nacional
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