Con estupor oímos la propuesta de Nicolás Maduro de reformar la Constitución por el cinismo mostrado en las finalidades que persigue. Expresó que busca perfeccionar la democracia, desarrollar un modelo económico autosuficiente y construir una sociedad fundada en valores. Se olvida que su antecesor y él mismo vociferaron que la Constitución de 1999 era el instrumento más completo de defensa de los derechos ciudadanos, de la democracia, de la modernidad de Estado y de la justicia social y propulsora del bien común. Año tras año promete un nuevo modelo y arranque económico y solo hay ruina.
Maduro, a cuenta de borrón y cuenta nueva, deja a un lado que el Estado de derecho fue abolido y con ello la Constitución del 99. Que la han pisoteado a placer, tanto los funcionarios civiles como militares, que persistentemente violan las disposiciones constitucionales. En estos años no hay Estado tan prolíficamente denunciado por violación de los derechos humanos como Venezuela. Esa violación diaria y sistemática de los derechos humanos es un desacato violatorio de la Constitución. Las aprehensiones, las persecuciones, la censura informativa violan derechos y garantías constitucionales. El desconocimiento de la soberanía popular manifestada el 28 de julio es el acto más descarado de despreciar la Constitución y la democracia.
La revisión de la doctrina constitucional, incluso de pensadores considerados como de izquierda, hay coincidencia en señalar que la reforma constitucional es el instrumento que permite la revisión y/o modificación parcial del texto constitucional a fin de conseguir, a través del procedimiento establecido para ello, una adecuación progresista al servicio del interés común, sin que ello suponga una ruptura con el régimen constitucional. Es decir, hay que garantizar la permanencia y continuidad constitucional, así como la configuración de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico.
La reforma constitucional permite adaptar la Constitución a la nueva realidad geopolítica sin que exista una ruptura de la continuidad formal del ordenamiento jurídico y del régimen político del Estado, permite, por tanto, eliminar o corregir lagunas del texto constitucional. Pero tiene sus límites. Uno de ellos está en el artículo 350 que ordena desconocer cualquier legislación contraria a la tradición republicana, a los valores, principios y garantías democráticos o que menoscabe los derechos humanos. De manera, que existen cláusulas intangibles que están dirigidas a impedir la modificación de la forma del régimen político; la forma de distribución territorial del Estado; o la forma de la Jefatura del Estado, así como las relativas a los derechos fundamentales, contenidos en los artículos: 19 al 31, y de 43 al 63. La Constitución del 99 en artículo 342 limita la reforma constitucional al disponer que no se puede modificar “la estructura y principios fundamentales del texto constitucional”.
La pretendida reforma lo que persigue es suprimir formalmente la Constitución vigente que constituye un freno para sus desmanes. El régimen quiere una carta magna al servicio de perpetuarse en el poder, suprimiendo libertades y estableciendo la hegemonía del poder en la autocracia y partido gobernante. La reforma propuesta no es más que la sepultura de la Constitución del 99, de la democracia y de la República.
Editorial de El Nacional
