La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a 11 organizaciones políticas, que convocó a finales de 2022 la primaria opositora que se concretó el 22 de octubre de 2023, signo éste de la recuperación política de la lucha por el cambio pacífico y democrático en Venezuela, emitió esta semana un comunicado clarificador sobre el panorama político del país y la convocatoria “anticipada” de la megaelección trasladada ahora del 27 de abril para el 25 de mayo próximo.
A partir de dos consideraciones previas: una, que la defensa de la soberanía popular no es un delito; otra, que hay un mandato del pueblo para hacer realidad la voluntad soberana expresada en las urnas, la PUD reafirma que su prioridad “es la defensa del voto ciudadano”. Pero esa defensa del voto, según esgrime la alianza opositora, no significa participar a ciegas en un proceso electoral sin garantías.
“Mantener vigente la lucha por el respeto a la Constitución y el 28J implica analizar las condiciones establecidas en la convocatoria anticipada del proceso de elección de diputados a la Asamblea Nacional y gobernadores de estado”. De ese análisis, la PUD concluye que la ruta electoral fue destruida por el régimen al desconocer la decisión soberana del pueblo y, por tanto, la reconstrucción de esa ruta “pasa por la recuperación de condiciones políticas, institucionales, y garantías electorales reales en materia electoral para reputarse (ese proceso) como una verdadera elección”.
Un proceso electoral no es una simple adjudicación, señala con pertinencia la PUD, que constata que no hay condiciones en la actualidad para que el voto pueda ejercerse libremente. Ninguna expresión en el comunicado de la alianza opositora descarta el método electoral para la resolución de la honda crisis política venezolana, pero para cualquier participación en el proceso electoral convocado plantea cuatro requisitos:
El inicio inmediato de una negociación formal y transparente basada en la verdad del 28J.
La liberación inmediata de todos los presos políticos, asilados en embajadas, y exiliados, con plenas garantías para su regreso al país. Así como el cese de la represión y la persecución de todos aquellos venezolanos que exigen el respeto a los resultados electorales y la restitución de los derechos políticos. No más inhabilitaciones.
La libre disposición y uso del símbolo electoral, la tarjeta de la Unidad Democrática (“la Tarjeta de la Manito”) conforme a sus normas y reglamentos.
También deben garantizarse las condiciones electorales por las que han venido luchando, incluyendo, entre muchas otras, la existencia de un árbitro electoral confiable, que respete los resultados, así como la presencia de una observación internacional calificada.
La PUD llama a otros venezolanos, y a otras organizaciones, a la ampliación de la alianza con la suma de aquellos que comparten la lucha por el cambio y así trabajar juntos hasta restablecer la democracia.
El comunicado de la PUD es el punto clave de la reflexión política que debe profundizarse desde el ámbito opositor y de todos los que apoyen la recuperación democrática. Reducir esa reflexión al simple y falso dilema de votar o no votar es un error político que entorpece la defensa del voto, de la soberanía popular y la vigencia de la Constitución. La elección como está planteada solo es un ardid de Maduro para que nada cambie, mientras prepara el zarpazo definitivo para sepultar la Constitución con su apurada, cínica y peligrosa reforma.
Editorial de El Nacional
