El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, exigió la semana pasada una prueba de que su papá, detenido el 23 de mayo por agentes del Estado, sigue vivo. Guanipa padre, dirigente de Primero Justicia, fue acusado de estar involucrado en un plan para boicotear las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo. Ese proceso electoral careció de oxígeno desde su convocatoria. La abstención “oficial” fue de 57%, la real oscilaría entre 70% y 80%. El plan de la mayoría de los inscritos en el registro electoral fue quedarse en casa.
El fiscal general calificó a Guanipa de “peligroso conspirador”, pero aun así aseguró que se le respetarían “sus derechos humanos, las visitas familiares, el debido proceso y todas las garantías constitucionales”. Nada es cierto, ni lo de “peligroso conspirador”, ni las garantías que lo amparan como ciudadano venezolano, irrespetadas con descaro.
En septiembre del año pasado fue detenido Pedro Guanipa, hermano de Juan Pablo y Tomás Guanipa. Ambos hermanos pidieron también una fe de vida de Pedro, quien ejercía el cargo de director de la Alcaldía de Maracaibo, además de vicepresidente de Primero de Justicia. Iba a viajar a Colombia y en el momento en que presentó su pasaporte en el trámite de rigor aeroportuario fue apresado sin razón alguna.
La hija del economista Rodrigo Cabezas, Rodna Cabezas, también le pidió al fiscal una prueba de vida de su padre detenido el 12 de junio en una oficina de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) a la que acudió después de un corte de luz en su casa. Cabezas fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez entre 2007 y 2008. Ahora es un crítico firme y serio de Nicolás Maduro y aboga por el cambio político.
Hay infinidad de casos similares. Todo venezolano sabe, porque lo ha experimentado en carne propia o porque lo ha escuchado, lo siente y lo huele en el ambiente tóxico de la realidad nacional, que todo detenido vive un calvario antes de ser presentado a un juez. Y lo seguirá viviendo, en la mayoría de los casos, durante su presidio. Algunos, cerca de dos decenas, no han vivido para contarlo.
Así es el terror. Exigir al Estado una fe de vida de una persona que permanece bajo su custodia convierte a los que mandan en un régimen forajido. En uno que reproduce la práctica de grupos delictivos que muestran una prueba de vida del cautivo o cautiva a cambio de una recompensa.
Terrorismo de Estado. Acusan a otros de lo que los funcionarios del régimen forajido practican con fe ciega. Con venezolanos y extranjeros perdidos en el laberinto de las cárceles de la “revolución” devenida tiranía.
