Las negociaciones políticas son como un tablero de ajedrez: cada jugador tiene sus propias piezas, estrategias y objetivos. A veces, lo que parece un acuerdo beneficioso para todos es en realidad una jugada que favorece solo a unos pocos. Hoy, la administración de Donald Trump está negociando con Nicolás Maduro un pacto silencioso en el que las prioridades parecen ser controlar la migración venezolana y mantener las operaciones petroleras en manos de empresas estadounidenses como Chevron y otras multinacionales.
El problema es que este tipo de acuerdos, aunque pueden parecer pragmáticos, terminan favoreciendo a Maduro y debilitando la lucha por la democracia en Venezuela. Para entender por qué, es necesario observar cómo juegan los distintos actores involucrados y qué riesgos implica este pacto.
Si analizamos esta negociación como un juego de intereses, podemos identificar cuatro actores clave, cada uno con sus propias estrategias. La administración de Donald Trump busca reducir la migración venezolana a Estados Unidos, asegurar la liberación de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela y mantener la estabilidad petrolera sin hacer de la democracia una prioridad inmediata. Maduro, por su parte, necesita mantenerse en el poder a toda costa y obtener concesiones económicas que le permitan aliviar la crisis sin ceder en el control político. Mientras tanto, Chevron, Harry Sargeant III, el lobby petrolero, buscan estabilidad para mantener y expandir sus licencias en Venezuela, evitando sanciones y conflictos que afecten sus negocios. En este escenario, las fuerzas democráticas venezolanas se encuentran en una posición frágil, intentando mantener el respaldo internacional y evitar que este acuerdo la deje completamente fuera del tablero.
Maduro ya ha utilizado esta estrategia antes: ceder lo mínimo para obtener lo máximo. Si Trump quiere que acepte de vuelta a los venezolanos deportados y libere algunos reos estadounidenses, el líder del PSUV puede hacerlo sin que esto represente un riesgo real para su régimen. De hecho, anoche el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Richard Grenell, informó en su cuenta de X que volaba de regreso a casa con seis ciudadanos de ese país que recuperaron la libertad. Es muy probable que a cambio hayan exigido en Miraflores mantener las licencias petroleras, reducir las sanciones y asegurar la estabilidad política. Así, Maduro obtiene lo que necesita para seguir en el poder sin comprometerse a cambios reales. Este patrón ya se vio con la administración de Joe Biden, que también le ofreció alivios económicos a cambio de gestos simbólicos que, en la práctica, solo reforzaron la permanencia de la dictadura.
Desde el punto de vista de Trump, esta negociación tiene sentido en el corto plazo. Si logra que Maduro acepte deportaciones y libere reos, podrá venderlo como un éxito ante su electorado. Además, al mantener a Chevron operando en Venezuela, evita un impacto en su negocio petrolero. Sin embargo, a largo plazo, este acuerdo solo fortalece a Maduro y prolonga la crisis. La falta de presión para un cambio político real –después del golpe de Estado a la soberanía popular– le da margen al régimen para consolidarse y debilitar aún más la voluntad expresada el 28J. Como consecuencia, la migración venezolana no disminuirá significativamente, porque la causa raíz del problema –la crisis política y económica– seguirá sin resolverse.
Si analizamos los resultados de este pacto, el desbalance es evidente. Trump puede presentarlo como un éxito político, Maduro gana legitimidad y concesiones económicas sin compromisos de fondo, y Chevron asegura la continuidad de sus operaciones. En cambio, la oposición venezolana queda sin apoyo real y con menos margen de acción, el pueblo venezolano sigue atrapado en la crisis y Estados Unidos, a largo plazo, se enfrenta a un problema que no desaparecerá solo con medidas migratorias.
Si la oposición quiere evitar que este pacto silencioso refuerce a Maduro debe actuar de inmediato. No basta con denunciar la situación; es necesario presionar en el Congreso de Estados Unidos, donde figuras como los senadores Rick Scott y Dick Durbin, junto con la representante María Elvira Salazar, pueden influir en la política exterior para evitar un acuerdo que ignore la democracia en Venezuela. También debe movilizarse en foros internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea para alertar sobre los riesgos de este pacto. Más aún, es crucial exponer el costo de la estabilidad sin democracia, argumentando que acuerdos de este tipo solo perpetúan la crisis y aumentan la migración a largo plazo.
La gran pregunta sigue en el aire: ¿Trump está dispuesto a entregar concesiones a Maduro sin exigir un verdadero cambio político? Por ahora, todo indica que sí. El pragmatismo está ganando la partida sobre los principios y la democracia venezolana está quedando relegada a un segundo plano. Este no es un problema nuevo, pero sí uno que se repite con demasiada frecuencia. La única manera de romper este ciclo es que la oposición venezolana reaccione a tiempo y evite que este pacto silencioso se convierta en una rendición definitiva.
El enviado de Donald Trump, Richard Grenell, fue recibido ayer en Miraflores por Nicolás Maduro
