Olivia Lozano, diputada y presidenta de la Subcomisión del Poder Popular de la Asamblea Nacional, develó presuntas pruebas sobre la discriminación política que representa para los venezolanos los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución.
La diputada aseguró que son violatorios de los derechos fundamentales a la alimentación y a la vida y en los cuales están involucrados altos funcionarios públicos del PSUV.
«El artículo 117 de la Constitución establece claramente el derecho que tienen todos los venezolanos a abastecerse y comprar lo que quieran y donde lo consideren. Esas bolsas no cubren las necesidades alimenticias de la población ni tienen los parámetros de nutrición requeridos y encima son distribuidas a discrecionalidad del PSUV a través del Frente Francisco de Miranda, Unamujer, UBCHS que son las bases del partido. No nos queda duda que forma parte de un plan político y no de abastecimiento», dijo la también vicepresidenta de la Comisión de Medios de la AN.
Lozano afirmo que se trata de una estrategia para dirigir los alimentos a los centros electorales y conformar las estructuras. Indicó que es completamente infame porque juegan con el hambre de los venezolanos.
La parlamentario manifestó: “Ellos determinan que son un millón de bolsas, pero no a todo el mundo le tocan caraotas o leche. Con eso no pueden decir que satisfacen al país”
La diputada señaló que se trata de 32 millones de personas que se están muriendo de hambre.
“No tenemos posibilidad de conseguir los alimentos y lo que es peor la solución del gobierno es la distribución de bolsas con discrecionalidad partidista. Los más afectados son los niños y ancianos», condenó Lozano.
Acompañada por la Concejal, Gladys Castillo; el vicepresidente de la Comisión de Familia, Jesús Abreu y los Concejos Comunales de varias parroquias de Caracas tras haber hecho una denuncia por discriminación y disgregación del hambre del pueblo venezolano ante la Defensoría del Pueblo.
Lozano destacó que ese modo de distribución es inconstitucional y favorece la corrupción.
«Hoy vemos como los alcaldes y gobernadores de cada una de las regiones desvían todos los alimentos que llegan a los centros de abastecimiento tradicionales y los llevan a un centro de acopio para hacer la distribución de las bolsas», manifestó Lorenzo.
La representante ante el Parlamento por estado Bolívar presentó el caso del gobernador Francisco Rangel Gómez quien «tiene el Centro de Abastecimiento más grande del país ubicado en el kilómetro 88 de las Claritas, allí se consigue desde un caucho hasta un hisopo para los oídos. Y, alimentos regulados a precios exorbitantes».
También mencionó el caso de los hermanos Amelia e Igor Falcón quienes son burgomaestres de los municipios Sucre y Cedeño de Bolívar y quienes bajo el amparo del Gobernador Rangel Gómez centralizaron la poca distribución de alimentos y medicinas en sus localidades.
EN
