La dirigente política informó que el plan combina la atención de la emergencia humanitaria por los sismos de junio con un proceso de reformas técnico-políticas. Detalló que en diciembre de 2026 se esperan entregar las bases conceptuales para una futura convocatoria electoral transparente.
En una entrevista concedida al periodista Unai Amenabar para Circuito Exitos de Unión Radio, Dinorah Figuera ofreció detalles sobre el inicio, el próximo 1 de agosto, de una hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización de Venezuela. El plan, que cuenta con el acompañamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene como pilares la reestructuración del Poder Electoral y el Poder Judicial, así como el restablecimiento de los derechos políticos en el país.
Figuera explicó que el diseño de esta ruta cobró mayor urgencia tras la crisis humanitaria provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio. «Se constituyen dos enfoques: uno humanitario y uno político-técnico institucional que implique una hoja de ruta para la democracia y para el acompañamiento social», señaló. Asimismo, destacó que su reciente reunión con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2026, representó un paso fundamental para demostrar la voluntad política necesaria para dirimir diferencias.
Reformas estructurales al TSJ y al CNE
Una de las principales revelaciones de la entrevista fue la ampliación del alcance de las reformas judiciales. Aunque inicialmente se preveía incidir únicamente en la Sala Electoral, Figuera confirmó que, tras las recomendaciones de diversos especialistas, la propuesta ahora contempla intervenir en la composición de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para recuperar su credibilidad.
En el ámbito electoral, el plan busca reformar leyes y reacomodar el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la confiabilidad del voto, contando con auditorías técnicas y veeduría internacional. Adicionalmente, la hoja de ruta incluye el levantamiento de inhabilitaciones políticas, la devolución de los partidos políticos a sus directivos originales y la eliminación de normativas restrictivas como la Ley contra el Odio y la Ley de Extinción de Dominio.
Proyecciones y garantías de transición
Al ser consultada sobre los plazos para un eventual proceso electoral, Figuera fue enfática al señalar que actualmente no existen las condiciones en el país. No obstante, adelantó que el cronograma de trabajo apunta a que en diciembre de 2026 se puedan entregar las bases fundamentales para una convocatoria formal.
Finalmente, la dirigente envió un mensaje de expectativa respecto al compromiso de las partes involucradas, revelando que en sus conversaciones con el diputado Jorge Rodríguez, este le manifestó la disposición del sector oficialista de reconocer los resultados y entregar el poder en buena ley en caso de resultar derrotados en unos comicios limpios y transparentes.