La impunidad por los crímenes cometidos, el destino de los desmovilizados y la participación política son los tres mayores interrogantes para la sociedad colombiana en medio del acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos negocia con las FARC.
Desde comienzos de 2013, unos 1.500 guerrilleros se desmovilizaron voluntariamente y se acogieron al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, que les aporta apoyo educativo, capacitación laboral, acompañamiento psicosocial y cobertura en salud. Desde enero hasta agosto, el ritmo de desmovilizaciones aumentó 18% respecto de 2012, con más guerrilleros del ELN que de las FARC.
En mayo pasado, Reinel Alfredo Usuga, alias «Marlon», y cabecilla del Frente 57 de las FARC se entregó a las autoridades junto a un grupo de 11 guerrilleros. «Marlon» fue durante años el responsable del traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Panamá. Tras su entrega, invitó a sus «amigos» a que «tomen la misma decisión que yo tomé, porque allá no van a tener ningún futuro».
La desmovilización de los terroristas es una tarea muy compleja para el gobierno, si se tiene en cuenta que el 15% de los que ya se acogieron al programa han reincidido en el delito o se integraron a las peligrosas BACRIM y los carteles de la droga, tal como revela el informe de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
John Anzola, investigador de la Corporación Pensamiento XXI, advierte que en estos procesos, según las estadísticas de otros países, «se ha evidenciado un aumento de la inseguridad» para la ciudadanía.
Durante la gestión del ex presidente Uribe, más de 30.000 insurgentes del paramilitarismo y la guerrilla se desmovilizaron. Durante esa etapa se logró reducir los índices de asesinatos e inseguridad, pero hubo un aumento de los delitos de robo, destaca Anzola.
Si Colombia logra un acuerdo de paz que implique la entrega de las armas y la desmovilización de los terroristas, «se necesitarían unos 25 años para superar la totalidad del conflicto, reparar a las víctimas y reinsertar a los desmovilizados», asegura Alejandro Eder, director de la ACR.
El presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, Jaime Restrepo, es menos optimista. En una entrevista con Infobae, consideró que «en las desmovilizaciones de las FARC que ellos llaman removilizaciones, van a desarticular sus estructuras militares pero no su estructura financiera y la dedicada al narcotráfico», es decir, se limitarán a recortar el aparato militar que alcanza al 40% de las FARC, ya que el resto se dedica a las actividades delictivas como narcotráfico y lavado de dinero.
Mientras se negocia el acuerdo, el Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, trabaja en un proceso de «justicia transicional» para resolver la situación de cerca de 10.000 insurgentes de las FARC y el ELN. Para Restrepo, ese marco jurídico propuesto por el gobierno es «pro impunidad y no pagarían cárcel» los desmovilizados que cometieron delitos.
Desde La Habana, el líder de las FARC, Timoleón Jiménez (Timochenko) ha remarcado como condición la impunidad. «En la mesa estamos buscando ponerle punto final a ese conflicto y hay por lo menos dos partes involucradas en esto ¿Si la salida es todos presos cuántas cárceles habría que construir?», planteó el guerrillero.
El ex integrante del M-19, Antonio Navarro Wolff asegura que «no hay consenso en los diálogos, ya no puede haber amsnitía como en 1957, ni indultos, como le tocó al M-19. Hoy hay que responder al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional y a las víctimas».
En Medellín, el presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, responde que «lo que está ocurriendo en La Habana en ese proceso que se está gestando es un proceso que promueve la impunidad y pone en demérito a las verdaderas víctimas de las FARC».
Jaime Restrepo descree de las negociaciones a las que califica de «plato que está cocinado y listo para servir». El otro punto que genera fuertes controversias es el de la participación política. El gobierno y los terroristas están abordando el segundo punto del acuerdo, que precisamente trata sobre la posibilidad de participar en política.
El negociador del gobierno de Santos, Humberto de la Calle reconoció que «discutimos de participación política con las FARC porque esperamos que, a partir de a firma del Acuerdo dejen sus armas, se desmovilicen y se incorporen a la democracia».
Jaime Restrepo sostiene que «la elegibilidad es una bofetada para las víctimas. Esto, lo único que va a hacer es revitalizar el dolor de las víctimas de la guerrilla en Colombia. Aquí no estamos hablando de unos grupos idealistas, ni de unos Robin Hood, estamos hablando de una organización narcoterrorista, la más antigua del continente… En consecuencia no entendemos por qué vamos a premiar a estos delincuentes con cargos públicos».
En cambio, para Navarro Wolff «es una contradicción que la sociedad colombiana quiera la paz, pero no acepta que las Farc, una vez dejen las armas, participen en política, que es la consecuencia natural de la desmovilización de un grupo armado».
Los colombianos desean fervientemente el fin del conflicto y la paz en el país, pero la sociedad se mantiene dividida. Días pasados, Infobae publicaba que el 54% de los colombianos se mantiene pesimista sobre el resultado de las negociaciones.
Juan Manuel Santos, que apuesta su reelección al éxito de un acuerdo, mantiene una imagen negativa de 50 por ciento, luego de tres años de gestión.
Fuente: Infobae