Declaración de Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela
Las agresiones por parte de presuntos funcionarios públicos y bandas de civiles armados pro gobierno –muchas de ellas registradas en fotografías y videos –que según denuncias sufrieron cerca de 19 profesionales de varios medios de comunicación el día de ayer en el centro de Caracas, no deben quedar impunes.
Los hechos se suscitaron en el marco de protestas ante la situación de escasez en la Avenida Fuerzas Armadas y sus alrededores.
Diferentes periodistas manifestaron públicamente haber sufrido golpes, amenazas con armas de fuego y robo de equipos, por el simple hecho de llevar a cabo la cobertura de los acontecimientos. En el sitio estaban presentes funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que, según las víctimas, no les brindaron ningún tipo de protección sino que por el contrario también les robaron.
La labor periodística es fundamental para la construcción de una sociedad y el resguardo del estado de derecho, por lo que incluso las Naciones Unidas incluye a los y las periodistas dentro de su concepto de defensores y defensoras de derechos humanos. Es una obligación de cada uno de los Estados garantizar su protección y el libre ejercicio de su trabajo. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, condenó los ataques y sostuvo que para este caso se asignó un fiscal y están a la espera de las investigaciones y, posteriormente, las debidas sanciones. En efecto, los ataques y agresiones sufridos por periodistas en el ejercicio de su labor deben ser investigados de manera inmediata y los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia como una manera de preservar el derecho fundamental de todas las personas a la información, así como a la libertad de expresión, contenidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Según la organización no gubernamental Espacio Público, las víctimas por robo fueron Andrea Cedeño (Vivo Play), William Ríos (Vivo Play), Deivis Ramírez (El Universal), Oriana Vielma (El Pitazo), Pablo Pupo (El Universal), Adolfo Costa (El Universal), Luis Morillo (El Universal), Raúl Romero (El Nacional), Daniel Mejías (El Nacional), Felipe Martínez (Vivo Play); los periodistas que sufrieron amenazas fueron Mabel Sarmiento (Crónica Uno), Miguel González (Crónica Uno), Amanda Sánchez (Vivo Play), Luis Díaz (Vivo Play), Giovanni Martínez (La Voz); mientras que Nicolle Kolster (NTN24), Irene Mejías Sola (Caraota Digital) y Felipe Romero (Caraota Digital) fueron intimidados y censurados; y Francisco Bruzco (2001) fue agredido.
NP
