El juicio por la trama de corrupción PDVSA-Cripto volvió a quedar bajo intensos cuestionamientos este lunes 1 de junio. La jueza Alejandra Romero convocó una nueva sesión sin ordenar el traslado físico de los principales imputados recluidos en el Centro Penitenciario de El Rodeo, entre ellos el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Los equipos de defensa rechazaron categóricamente la medida, calificándola como una grave violación al debido proceso y una estrategia para restar transparencia al caso más polémico de los últimos años en Venezuela.
Para los representantes legales, impedir el traslado de los detenidos al tribunal no responde a problemas logísticos, sino a un intento deliberado de silenciar el proceso. Durante las audiencias más recientes han salido a la luz denuncias alarmantes que incluyen:
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Presuntas violaciones de derechos humanos.
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Irregularidades graves durante la fase de investigación.
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Actuaciones judiciales que involucrarían directamente al entorno del poder político y al exfiscal general, Tarek William Saab.
La defensa sostiene que el aislamiento de los acusados busca restringir la exposición pública de testimonios y declaraciones que resultan altamente incómodas para las cúpulas del poder.
Tensión en los penales: Imputados protestan ante las cámaras
Ante la negativa de traslado, el tribunal ordenó conectar sistemas de audio y video en las cárceles de El Rodeo, Yare y el centro femenino Las Crisálidas para desarrollar la audiencia de forma telemática. Sin embargo, la imposición del esquema remoto provocó una reacción inmediata y caótica dentro de los recintos.
Al iniciar la transmisión, se observó a través de las pantallas cómo varios imputados se levantaron de sus asientos y rechazaron participar bajo esa modalidad, generando momentos de tensión mientras los funcionarios de custodia intentaban forzar la continuación de la sesión.
“¿Por qué no quieren que la opinión pública conozca la verdad del montaje y del robo sin pistola cometido contra los acusados y sus familias?”, cuestionó públicamente uno de los abogados defensores.
Un caso de miles de millones bajo opacidad estructural
La combinación de juicios remotos, el veto a la cobertura mediática y las restricciones para que los procesados declaren libremente configuran, según las denuncias, un escenario de opacidad total.
Lo que inicialmente fue presentado por las autoridades como la mayor operación anticorrupción en la historia reciente del país —un expediente que involucra el desvío de miles de millones de dólares y a figuras de alto perfil del aparato estatal— continúa acumulando dudas. Mientras el proceso avanza a puertas cerradas, crece la controversia sobre si el sistema judicial busca impartir justicia imparcial o si, por el contrario, ejecuta mecanismos para sepultar el escrutinio público sobre uno de los casos más explosivos de la era chavista.
