La dirigente opositora venezolana Delsa Solórzano reiteró este martes la exigencia de derogar de forma definitiva e íntegra la «Ley contra el Odio», advirtiendo que la reforma parcial que adelanta la Asamblea Nacional de mayoría oficialista no subsana el carácter punitivo ni los vicios constitucionales de un instrumento empleado de manera sistemática contra la disidencia.
El pronunciamiento de la abogada y defensora de derechos humanos, difundido a través de su cuenta en la red social X, se produjo inmediatamente después de que el Parlamento aprobara en primera discusión una modificación a la normativa sancionada originalmente en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Dicho proyecto plantea sustituir las condenas de cárcel —que contemplan penas de hasta 20 años de prisión— por esquemas de multas económicas, trabajo comunitario y diversas sanciones administrativas.
«Reitero mi posición: la llamada Ley contra el Odio debe ser DEROGADA en su totalidad. La persecución no se reforma. Se elimina», sentenció Solórzano, quien descartó de plano que un simple ajuste en la severidad de los castigos corrija las denuncias de ilegitimidad y arbitrariedad que pesan sobre la norma desde su promulgación.
Para la dirigente, el núcleo del problema no se agota en las penas de privación de libertad, sino en el andamiaje de facultades discrecionales que el texto legal confiere a los órganos del Estado para criminalizar el disenso y cercenar derechos fundamentales amparados por la Constitución de 1999, entre ellos las libertades de expresión, opinión e información.
Asimismo, Solórzano alertó sobre los mecanismos de vigilancia e injerencia social que el articulado promueve más allá del debate estrictamente partidista. Denunció que el cuerpo normativo faculta la intromisión estatal en esferas esenciales de la cotidianidad ciudadana, como el entorno familiar, el sistema educativo y la convivencia comunitaria, incorporando a estructuras del denominado «Poder Popular» en labores de fiscalización y delación.
En criterio de la dirigente, atenuar las sanciones penales mientras se preserva intacto el marco conceptual e invasivo de la ley constituye un intento cosmético que no devuelve las garantías democráticas. «Sustituir penas de prisión por multas o modificar algunos artículos no subsana los vicios de una legislación contraria a los principios mismos del Estado de Derecho», concluyó.
