La exdiputada y defensora de derechos humanos, Delsa Solórzano, reaccionó con dureza ante el anuncio del Ejecutivo sobre el cese de la Ley de Amnistía, calificándolo como un hecho de «suma gravedad» que dinamita los restos de la institucionalidad en Venezuela. Para Solórzano, esta medida no es solo un trámite administrativo, sino una violación directa a la seguridad jurídica del país.
El muro contra la libertad
A través de sus redes sociales, la líder política puso el foco en la deuda humanitaria que el Estado mantiene con los detenidos por causas políticas:
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La cifra del olvido: Solórzano recordó que cerca de 500 presos políticos permanecen en condiciones críticas en las cárceles venezolanas.
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El pilar derribado: Advirtió que se pretende clausurar, de manera arbitraria, el instrumento legal que constituye la base fundamental para lograr la libertad plena de estos ciudadanos.
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Motivación política: Denunció que ignorar la vigencia de una ley por conveniencia partidista agrava la crisis de legitimidad del sistema de justicia.
«No se puede cerrar por decreto una puerta que la Constitución mantiene abierta para la justicia y la reconciliación», subrayó la dirigente.
Análisis: Una ley sin «vencimiento»
Solórzano enfatizó que una ley no puede dejar de aplicarse simplemente porque el Ejecutivo lo decida, especialmente cuando las causas que le dieron origen —la persecución y la prisión política— siguen vigentes. Con este pronunciamiento, se suma al coro de voces jurídicas que alertan sobre la indefensión en la que quedan los procesados que esperaban beneficiarse de la norma este 2026.
