La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en La Haya con Mame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Ambos funcionarios debatieron “sobre la necesidad de cooperación y diálogo para garantizar la justicia de conformidad con el Estatuto de Roma“, escribió la CPI en su cuenta de Twitter.
Dicho encuentro se produce un día después de que se conociera que el gobierno de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que limite la participación de las víctimas y de los Estados denunciantes en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
#ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang met w/ H.E. Delcy Rodriguez, Executive Vice-President of the Bolivarian Republic of #Venezuela, during her official visit at the Court. Important discussions on need for cooperation & dialogue to ensure justice in line with Rome Statute. pic.twitter.com/j3IHpHzWnX
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 17, 2022
En contexto
La comunicación fue enviada el pasado 10 de noviembre por el Estado venezolano en respuesta a la solicitud del fiscal Karim Khan pidiendo autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI para retomar la investigación.
Las autoridades venezolanas se oponen a la participación directa de las víctimas y sus representantes, por lo que pidieron que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI y restringidos solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI.
Esto quiere decir que ni las víctimas ni sus representantes podrían presentar sus puntos de vista y peticiones, ni incorporar nuevas evidencias sobre otros casos que puedan ampliar el expediente sobre Venezuela.
De igual manera, el Estado pidió a los jueces de la CPI que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que son los países parte que remitieron la situación.
Finalmente, el gobierno de Nicolás Maduro se opuso a la solicitud del fiscal para que los jueces adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación y pidió mayores plazos para responder, además de poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente dentro de este.
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