La sostenida demanda de vehículos hace que la golpeada producción nacional sea insuficiente. Sin elevar el ensamblaje local, se necesitaría el oxígeno de las importaciones para aliviar la brecha entre oferta y demanda.

Sin embargo, difícilmente habrá una apertura por parte del Gobierno nacional en cuanto a las importaciones. Edmée Betancourt, ministra de Comercio, aseguró que «Venezuela no se puede transformar en un estacionamiento» y que la compra de carros «no es una necesidad».

La funcionaria defendió la política de importaciones para el sector automotor aplicada en los últimos años y afirmó que aún analizan las solicitudes que presentaron las automotrices privadas.

«Estamos analizando los casos para llegar a la toma de decisión. Luego de eso establecimos que máximo 50 mil licencia al año es lo que estamos otorgando y con base en eso nos hemos manejado bien», dijo durante un encuentro con los coordinadores regionales del Indepabis.

De acuerdo a la política automotriz ideada por el Ejecutivo nacional las empresas realizan las solicitudes de importación en septiembre de cada año con miras a la planificación del siguiente ejercicio. El despacho de Comercio debe responder en un plazo de 30 días, pero si eso no ocurre las solicitudes se consideran rechazadas.

En la práctica desde 2009 eso es lo que ha ocurrido y apenas es en el transcurso de cada año cuando el Ejecutivo aprueba licencias en función de acuerdos comerciales suscritos con países aliados, como China o Ecuador. Esto ha hecho que las importaciones de autos disminuyan drásticamente, ya que en muchos casos esas licencias ni siquiera se ejecutan.

En 2007 las importaciones alcanzaron un récord al llegar a las 336.365 unidades. Un año después bajaron a 135.449. Entre 2009 y 2012 cayeron aún más y el mejor año fue 2009, cuando las empresas privadas importaron 26.502 carros, según la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).

El anuncio de Edmée Betancourt se produce justo cuando desde la Asamblea Nacional se promueve un proyecto de ley para regular la venta de autos nuevos y usados. Aunque el diputado Elvis Amoroso, promotor del texto, insiste en que la distorsión de precios es producto de las «mafias» que hay en el negocio automotor, voceros de la industria y de los concesionarios aseguran que la distorsión es producto de la escasa oferta de autos en el mercado.

En 2012 el mercado automotor cerró con ventas de 130.553 unidades, entre ensamblaje local e importadas, pero el mercado natural se estima en al menos 250 mil carros, por lo que el déficit entre oferta y demanda sobrepasa los 100 mil vehículos.

Ley sobre ley

Buena parte de las irregularidades denunciadas por el diputado Amoroso que ocurren en la comercialización de carros están penadas en el marco regulatorio vigente.

El irrespeto a los precios de venta sugeridos o la imposición de comprar accesorios con la venta del carro son prácticas penadas por la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

El artículo 22 de esa ley vigente desde 2010 señala que «no podrá negársele» a los consumidores «la adquisición de productos que se tengan en existencia, ni condicionárselo a la adquisición de otro producto o a la contratación de un servicio».

El artículo 51 se refiere a la fijación del precio de venta sugerido en los «bienes o servicios no declarados de primera necesidad».

Precisamente, el pasado sábado la Ford Motor de Venezuela informó en un comunicado que sólo comercializa autos en su red de concesionarios y que estos establecimientos actúan «de conformidad» con lo establecido en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. //AGM