“Necesitamos unos cuerpos (policiales) formados para hacerle frente a las provocaciones, inclusive a una violencia desbordada, una violencia terrorista”. Así respondió la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, cuando se le planteó el tema de las desviaciones en los organismos de seguridad denunciadas por el ex vicepresidente José Vicente Rangel.
“Tenemos que redoblar esfuerzos en que todos los funcionarios policiales estén formados, en que un funcionario policial sepa que cuando se desborda en su actuación, él va a estar sancionado, pero además va a generar una falta de credibilidad y legitimidad sobre el cuerpo policial que está representando”, acotó.
Ramírez dijo que la Defensoría del Pueblo abrió un expediente con cada una de las denuncias consignadas sobre presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas violentas desatadas desde el pasado 12 de febrero.
“Nosotros vamos a llegar hasta el final de las investigaciones, y con el apoyo del Ministerio Público se van a estar estableciendo las sanciones a quienes en el ejercicio de la contención de las protestas se excedieron en el uso de la fuerza”, recalcó.
En relación con el presunto aislamiento en que se encontraría el dirigente opositor Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, Ramírez informó que funcionarios de la Defensoría lo han visitado en reiteradas oportunidades para velar por sus derechos humanos.
“Tiene unas medidas de seguridad y sus familiares están reclamando un mayor intercambio con su familia; eso lo vamos a estudiar, se tiene que estudiar”, adelantó.
La Defensora aprovechó el tema del encarcelamiento de López para aclarar que “la justicia no tiene un propósito de venganza, sino un fin reparatorio”. Refirió que han estado visitando todos los establecimientos carcelarios donde hay detenidos por los hechos violentos. Y añadió que a raíz de ese seguimiento la Defensoría ha solicitado ante los diversos tribunales medidas humanitarias en favor de detenidos con problemas de salud.
Activada red. Ramírez juramentó ayer a 3.200 activistas en derechos humanos que quedaron unidos por una red de intercambio de información. Destacó que los integrantes de esa red forman parte de las 52 mil personas egresadas de la Escuela de Derechos Humanos Juan Vives Suriá, institución dependiente de la Defensoría del Pueblo. “Estamos dejando este contingente de personas formadas en derechos humanos con proyectos activados dentro de las comunidades”, indicó la Defensora.
La red de activistas en derechos humanos juramentada ayer por la Defensora del Pueblo “pretende ser un muro de contención ante los planes de violencia que aún siguen latentes en Venezuela”, explicó Ramírez. “El Estado no puede tener la réplica en la misma proporción, sino debe saber contener y desmantelar la violencia”, advirtió.
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