El defensor público general, Ciro Araujo, rechazó la «injerencia» de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, puesto que «el país ha garantizado el debido proceso en todas las actuaciones realizadas por las instituciones competentes desde el inicio del proceso judicial, así como, la defensa y la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo Estado».
La máxima autoridad de la Defensa Pública señaló que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de cada país, bien sea desde el punto de vista político, económico y cultural o cualquier otro, puesto que el mismo puede generar en diferentes instancias postura injerencista ante el golpe en cualquier país, logrando así desestabilizar las políticas de estados, lo cual no es conveniente para ningún país”.
Asimismo, sostuvo que es importante recordar los recientes mecanismos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), quienes reconocieron entre sus principios y valores orientadores, para las relaciones entre los países, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la no injerencia en los asuntos internos de cada país, lo cual es algo que se debe cumplir correctamente, logrando así, mejorar el desarrollo político, social y económico de cada Estado.
Araujo indicó que en lo que corresponde a la Defensa Pública como integrante del sistema de justicia, se ha encargado de garantizar la asistencia, asesoría, orientación y representación gratuita a todas aquellas personas que han sido detenidas e investigadas o vinculadas a los recientes hechos delictivos de febrero de 2014, sin discriminación de ninguna naturaleza y de manera oportuna y con la autonomía e imparcialidad que los caracteriza.
Rechazando además las pretensiones injerencistas de Norteamérica hacia los países soberanos y democráticos de Latinoamérica, “es por ello que tenemos a nuestra disposición más de 1.340 Defensoras y Defensores Públicos, distribuidos en 48 oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional, quienes día a día dan cumplimento a lo establecido en el artículo 49 numeral 1 constitucional que prevé la garantía judicial del debido proceso y del derecho a la defensa, reconocido como Derecho Humano para los pueblos, asegurando de manera inmediata la garantía de defensa jurídica, letrada, calificada y gratuita, sin distinción de ninguna naturaleza”, destacó.
El Defensor Público General fue enfático al señalar que “desde la Defensa Pública apoyamos rotundamente las acciones iniciadas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores que denuncian y exhortan, la pretendida injerencia norteamericana en los asuntos de índole netamente interno de la República Bolivariana de Venezuela”.
Fuente: GV
