La defensa de varias personas imputadas en el caso PDVSA-Cripto afirmó que el proceso penal se ha desarrollado bajo presuntas violaciones sistemáticas de garantías constitucionales, internacionales y legales, así como de la presunción de inocencia, durante los años que han permanecido privadas de libertad sin juicio efectivo.
Según versiones recogidas de la defensa, el caso PDVSA-Cripto se originó en una investigación sobre un presunto desfalco en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) entre 2020 y 2023. El Ministerio Público sostiene que la presunta red habría desviado aproximadamente 23.000 millones de dólares mediante operaciones irregulares, cifra que algunos imputados han calificado como “absurda e incongruente” con el volumen real de ingresos de PDVSA en el período señalado.
Los abogados defensores, quienes pidieron mantener sus nombres en reserva, señalan que el modus operandi de los cuerpos de investigación, en casi todos los casos, se ha caracterizado por órdenes de aprehensión ejecutadas sin un proceso previo de investigación visible y, en algunos casos, sin la presencia de una orden de detención notificada. Añaden que, en determinadas situaciones, se ha privado de libertad a personas sin orden de aprehensión formal, y que muchos de los imputados han estado incomunicados durante años, sin acceso a medios de defensa, a la atención médica o a la información sobre el avance de la causa.
Las imputaciones se concentran en figuras penales como traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y valimiento de influencias, aplicadas de forma sistemática a más de 60 personas procesadas, entre ex altos funcionarios, como el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y el exdiputado Hugbel Roa, y empresarios de diversos sectores.
En la fase de investigación, los defensores han señalado que las detenciones se produjeron en un contexto de ausencia de actos procesales previos mínimos, con interrogatorios realizados en sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde, según sus relatos, el objetivo no fue esclarecer delitos, sino levantar un “levantamiento patrimonial detallado” para identificar y despojar bienes.
El tribunal de control con competencia en terrorismo, en Caracas, dictó las órdenes de captura en abril de 2024 y realizó las audiencias de presentación, pero habría demorado meses o más de un año en celebrar las audiencias preliminares, lo que las defensas califican como vulneratorio de plazos de ley y de garantía constitucional. Posteriormente, en septiembre de 2025, el mismo tribunal admitió la acusación y ordenó el pase a juicio.
En la fase de juicio, el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero, recibió el expediente y dio inicio a la fase oral y pública el 20 de abril de 2026. Sin embargo, las defensas sostienen que, a pesar de la clamorosa petición de aplicación de las normas de publicidad procesal, el debate se ha desarrollado en gran parte a puerta cerrada.
Los abogados recordaron que el Código Orgánico Procesal Penal establece que el juicio oral es público, salvo excepciones expresamente previstas, y que cualquier medida de clausura debe estar debidamente fundada en el acta. A su juicio, la presencia de más de 30 funcionarios de la DGCIM y el SEBIN, enmascarados y armados, en la sala de audiencias, contrasta con la limitación de acceso del público, a pesar de que la norma señala que el mantenimiento del orden en las sedes judiciales corresponde al servicio de alguacilazgo, y no a cuerpos de inteligencia.
En el plano de derechos procesales, la defensa sostiene que se ha vulnerado el derecho a la defensa y la asistencia jurídica, al impedir que los imputados designaran libremente a abogados de su confianza en los primeros momentos de investigación, limitar el acceso al expediente y condicionar la comunicación entre acusados y defensores. Añaden que, en varios momentos del juicio, se ha obligado a los imputados a sentarse en un extremo de la sala y a los abogados en el otro, sin permitir contacto directo, a pesar de que el COPP consagra la facultad de hablar con el defensor durante el debate.
Respecto al acceso al expediente, los defensores señalan que solo tuvieron acceso parcial a las 146 piezas documentales el 30 de abril de 2026, es decir, tres años después de la detención de algunos de los imputados, una vez concluida la etapa de control y tras la celebración de la audiencia de apertura del juicio y varias declaraciones de los acusados.
En el marco de la Constitución Nacional, de tratados internacionales y de disposiciones del propio COPP, los abogados resaltan la presunción de inocencia, el derecho a un juez independiente e imparcial y la prohibición de usar la prisión preventiva como una pena anticipada o como mecanismo de presión. Señalan que, en este caso, la presunción de inocencia habría sido socavada por la exposición pública y la politización anticipada de la causa, así como por la prolongada privación de libertad sin juicio, con medidas de coerción personal que excederían los plazos legales establecidos.
En el ámbito patrimonial, la defensa plantea que se han producido ocupaciones, incautaciones y confiscaciones de bienes de los imputados y, en algunos casos, de familiares, mediante mecanismos de hecho, sin orden judicial ni garantías de contradicción, en una lógica que, a su juicio, disuade y sanciona más allá del ámbito penal tradicional.
En vista de lo expuesto, las defensas han presentado planteamientos tendentes a la declaratoria de nulidad de varios actos procesales, a la revisión de las medidas de privación de libertad y a la corrección de condiciones que, en su consideración, desafían el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a tratados internacionales y a la normativa procesal aplicable.