Las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, respecto a la situación legal y la nacionalidad de Alex Saab tras su deportación a Estados Unidos, han generado un debate público sobre los mecanismos de control institucional del Estado venezolano y los giros en la narrativa oficial.
Durante una rueda de prensa, Cabello afirmó que el empresario de origen colombiano «no es venezolano» y sostuvo que utilizó documentación irregular por más de dos décadas. “Siempre presentó una cédula venezolana que no es una cédula legal, que no tiene ningún tipo de sustento en el Saime”, aseveró el funcionario.
Lo más impresionante no son las declaraciones de Diosdado Cabello sobre Alex Saab.
Lo realmente impactante es quién las está diciendo.
Después de años defendiéndolo hasta el cansancio, presentándolo como héroe, diplomático revolucionario y víctima del imperialismo… hoy el mismo… pic.twitter.com/SXQZq324c9— Cesar Moya (@zuricht94) May 18, 2026
Estas declaraciones contrastan con el historial de Saab dentro de la administración pública venezolana, donde llegó a ejercer cargos ministeriales, participó en delegaciones oficiales de negociación y portó pasaportes diplomáticos emitidos por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Asimismo, constan registros públicos de su participación en procesos electorales recientes.
Implicaciones institucionales y administrativos
El nuevo posicionamiento de las autoridades plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos de seguridad e identificación. Analistas señalan que, de validarse la tesis de un fraude de identificación sostenido desde 2004, implicaría que los filtros del Saime —organismo adscrito al ministerio que hoy lidera Cabello—, de la Cancillería y de los cuerpos de inteligencia no detectaron la anomalía durante las gestiones gubernamentales precedentes.
Hasta el momento, no se ha especificado si se abrirán procedimientos investigatorios internos en contra de los funcionarios que avalaron y tramitaron la documentación civil y diplomática de Saab en los últimos años.
Cambio de postura en el discurso oficial
La postura actual marca un viraje respecto a la campaña comunicacional e institucional desplegada por el Gobierno venezolano tras el arresto de Saab en Cabo Verde en 2020. Durante ese período, el Ejecutivo defendió formalmente el estatus de Saab como «enviado especial» y diplomático de la República, promoviendo actos públicos, murales y comunicados oficiales que exigían su liberación.
Por su parte, Delcy Rodríguez justificó la entrega de Saab a la justicia estadounidense catalogándola como una “medida administrativa” adoptada bajo criterios de conveniencia nacional tras asumir la conducción de las políticas del Estado.
“Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales”, declaró Rodríguez, quien insistió en que las decisiones del Ejecutivo responden exclusivamente a proteger los derechos del país.
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