Desde el 9 de enero los maestros y otros sectores laborales se encuentran en las calles en reclamo de un salario que les permita al menos contener el deterioro de su poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario que se ha vuelto incontrolable. De hecho, en esas 5 semanas el bolívar se ha devaluado 40% con respecto al dólar. El salario mínimo congelado en 130 bolívares equivale ahora a 5,3 dólares, lo que cobran pensionados y jubilados como recompensa a toda su vida laboral. De risa y de llanto.
«Esto que ustedes están solicitando, recuperar poder adquisitivo, pronto lo van a escuchar del presidente, más pronto de lo que se imaginan», dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una concentración, frente a las banderas y camisetas rojas de gente que debe estar solo harta de mítines. Era el 14 de enero. Maduro sigue sin hablar y lo que muchos se imaginan lo dicen en las calles y con otros carteles: hay plata pero se usa para otras cosas.
Rodríguez, sin embargo, habló por Maduro en aquella fecha de la que ya pasó un mes y recordó que la línea estratégica conducirá al crecimiento con equidad. Pero los platos siguen vacíos. Esos 5,3 dólares no alcanzan siquiera para comprar 1 kilo de carne de res (tasado a precios de hoy a 179 bolívares). La imaginación se activa mejor con el estómago lleno.
La lucha por salarios dignos ―el costo de la canasta básica de una familia excede los 400 dólares― coincide con la visita a Caracas de una misión de la Organización Internacional del Trabajo. Tras varias semanas en el país el gran logro es que sus representantes han podido sostener reuniones conjuntas con representantes oficiales, de la organización empresarial Fedecámaras y de la Central de Trabajadores de Venezuela. Un éxito hasta ahí. Al menos los oyen y están dispuestos a crear una mesa técnica. De sustancia, de la carne, nada.
La representación de los trabajadores ha puesto en el plato tres temas: la metodología para acordar salarios, la libertad sindical (hay líderes laborales detenidos y muchos otros con órdenes de presentación regular ante tribunales) y las reuniones tripartitas. La OIT ha hecho saber que su tarea es de acompañamiento y nunca de obligar a un gobierno a que aumente las remuneraciones. El gobierno tampoco tiene intenciones, por su propia voluntad, de subir los salarios.
La excusa es simple y repetitiva: no cuentan con recursos suficientes como consecuencia del impacto de las sanciones internacionales. Las sanciones ya existían cuando el año pasado el régimen se fue de fiesta y anunció que «Venezuela se arregló». Eso de manera conveniente lo olvida la cúpula en el poder y además oculta que parte de los recursos bloqueados, cuya liberación se acordó en las negociaciones de México, tampoco serán destinados a reponer salarios. Antes, está escrito así, se atenderán hospitales, escuelas y servicios de agua y electricidad que la «línea estratégica de la equidad» hundió e inutilizó por décadas de abandono. A Maduro solo le falta decir que todo es culpa del gobierno anterior.
Editorial de El Nacional
