Dos meses después de haberse suscrito en México el «Segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano» entre «las partes» ―el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, así identificadas en el documento― se  desconoce con exactitud cuál es el monto de los recursos bloqueados en el sistema financiero que serán recuperados mediante el citado acuerdo parcial.

En principio se habló de 2.700 millones de dólares. Ahora, Jorge Rodríguez, el negociador por el oficialismo, dijo durante su célebre «rabieta en vivo» que eran 3.250 millones. Gerardo Blyde, jefe negociador por la Plataforma Unitaria, en conferencia de prensa posterior señaló que la cifra era de 3.000 millones.

En este país en el que la dilapidación de recursos es proverbial se le debería pedir a «las partes» un mínimo acuerdo sobre el monto.

No es ese, sin embargo, el centro del asunto ahora mismo, pero no hay que descuidar el tema, porque si finalmente esta iniciativa «paritaria» llega a buen puerto será vital registrar hasta el mínimo dólar que se «salvó» y cómo fue usado.

El centro, a pesar de las prisas del señor Rodríguez y también de Henrique Capriles, es actuar de manera simultánea en dos áreas:

La primera, la creación del Fondo para la protección social del pueblo venezolano «en línea con las normas y procedimientos de Naciones Unidas», organización que ayudará “al diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único» (Rodríguez jamás ha mencionado al tal fondo porque le interesa hacer ver que Maduro y su gente manejarán los recursos en nombre del pueblo).

La segunda es, en efecto, lograr acceder «progresivamente» (no será de un golpe, aunque le guste la palabra señor Rodríguez) a los recursos identificados pero congelados en el sistema financiero, para cuyo desbloqueo hay que obtener «autorizaciones y aprobaciones que competen a instituciones y organismos extranjeros» (como se supone que el embajador de Estados Unidos le habrá recordado a Capriles en su reciente charla telefónica).

El documento suscrito en México precisa a qué se destinarán los recursos: revitalizar y reforzar «parcialmente» el sistema público de salud y la prestación del servicio; necesidades y proyectos fundamentales para estabilizar el sistema eléctrico; ampliar el Programa Mundial de Alimentos; atender «parte» de la infraestructura educativa pública; e implementar respuestas a las consecuencias de las lluvias del segundo semestre de 2022.

Lo señalado, sin ninguna duda, tiene carácter «urgente»: precisamente por esa urgencia, la prisa es muy mala consejera. Porque lo fundamental de la liberación de estos recursos, bloqueados por las sanciones internacionales, es que no corran la misma y vergonzante suerte del billón de dólares administrado por el régimen que empujó a la pobreza y al exilio a millones de venezolanos.

Recuperar los recursos, depositarlos en el fondo fiduciario único y verificar su uso estricto y correcto es la única forma de hacer verdadero que «el bienestar del pueblo venezolano es el centro de atención de todas las iniciativas y decisiones» de la Mesa de Diálogo Nacional. Este proceso debería ser para la oposición un tema permanente en su agenda.

A Capriles le preocupa que el gobierno le dé una patada a la mesa si se retrasa el flujo de los recursos y adiós elecciones entonces.

El acuerdo suscrito en México desvincula una cosa de la otra, pero ya se sabe que la palabra del régimen vale medio. Lo que no puede ocurrir de ningún modo es que la Plataforma Unitaria también vincule una cosa con la otra. ¿Es primordial o no atender las necesidades de la gente?, ¿tiene la Plataforma Unitaria la posibilidad de garantizar que esos recursos beneficiarán a nuestros niños en las escuelas, a nuestros enfermos sin atención hospitalaria o nuestros hogares en penumbras? A las elecciones se llega con la gente. No sin ella.

Editorial de El Nacional