Corte de Apelaciones vuelve a diferir audiencia del caso de Linda Loaiza tras 25 años de impunidad

Corte de Apelaciones vuelve a diferir audiencia del caso de Linda Loaiza tras 25 años de impunidad

La abogada y defensora de derechos humanos venezolana, Linda Loaiza López Soto, denunció este martes 11 de agosto un nuevo diferimiento en el trámite judicial de su caso, una causa emblemática sobre violencia de género e impunidad que acumula más de un cuarto de siglo sin una resolución definitiva.

“Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia”, expresó López Soto a través de su cuenta oficial en X, tras confirmarse la suspensión de la vista programada en los tribunales venezolanos.

La jornada judicial prevista para este 11 de agosto buscaba reactivar el proceso interno diez años después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara a una sala distinta de la Corte de Apelaciones conocer los recursos de apelación interpuestos. Sin embargo, el aplazamiento de la convocatoria dilata una vez más el acceso a la tutela judicial efectiva.

Incumplimiento de la sentencia internacional

El caso de Linda Loaiza marcó un hito en la jurisprudencia de la región al convertirse en el primer expediente por violencia machista contra el Estado venezolano elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2016, el organismo remitió la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras constatar la aquiescencia estatal y las omisiones en la investigación.

Posteriormente, en noviembre de 2018, la Corte IDH notificó la sentencia firme en la que declaró la responsabilidad internacional de Venezuela por la tortura, violencia sexual y denegación de justicia sufridas por la víctima, ordenando garantías de no repetición y medidas de reparación integral.

A pesar de la condena del tribunal internacional, el Estado venezolano mantiene el incumplimiento de las reparaciones ordenadas. El nuevo diferimiento judicial ratifica la persistencia de trabas e indebidas dilaciones procesales en los tribunales nacionales, perpetuando el patrón de impunidad en uno de los casos de derechos humanos más representativos del país.

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