De acuerdo con lo que debe escribir un periodista responsable, los casos de corrupción en los medios policiales son alarmantes. Cuando investiga con seriedad, ese reportero –que no debe bajo ningún motivo exagerar ni mentir ante los lectores– se atiene a datos concretos que pasan frente a sus ojos, pero también es invitado a pensar, y simultáneamente nos invita a nosotros, a ver lo que sugieren otras informaciones que se soslayan, se ocultan o se maquillan con oscuras intenciones.
Es el caso del exhaustivo reportaje escrito por el periodista Javier Ignacio Mayorca en El Nacional, que ofrece datos por demás elocuentes y que, como es lógico, deja pendiente en nosotros una inquieta reflexión sobre lo que todavía no se ha hecho público, pero que desde ya se huele en sus averiguaciones.
Informa Mayorca que hay 121 policías y militares implicados en casos de extorsión, basado en testimonios fiables a lo largo del año en curso. Detalla, además, que el mayor número de los involucrados en tales delitos pertenece al Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana; y que, entre los militares descubiertos con las manos en la masa, el Ejército desplazó a la Guardia Nacional Bolivariana, lo que ya es mucho decir.
Un ex jefe de la oficina del Cicpc consultado al respecto afirmó, al ver las rotundas cifras que tenía ante así, que estas confirmaban sin lugar a dudas que se está ante una conducta frecuente de los aludidos cuerpos de seguridad, desviación que atribuyó a la falta de compromisos de sus integrantes con la profesión y a una búsqueda desmedida de dinero que supera a la obligación de respetar los principios.
Un comentario del periodista, tomado de su experiencia en este tipo de reportajes y de lo que sugieren las fuentes consultadas, agrega un pormenor que llama a pensar sobre una proporción mayor de delitos, en relación con los recogidos puntualmente: buena parte de los casos de extorsión no son denunciados por las víctimas y por lo tanto no son conocidos por la policía.
Por si fuera poco, entrevistado por Mayorca, el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado agrega lo siguiente: “Aunque el policía o el militar sean honestos, la presión de sus propios grupos hará que se hagan de la vista gorda, que se involucren o que terminen con un tiro en la cabeza”. En consecuencia, agrega el experto: “La actividad de esos funcionarios se encamina a controlar los mercados ilegales, ya sean vehículos, drogas o mercancías de contrabando”.
De lo cual se desprende, más allá de las referencias fieles que recoge el oficio del periodismo, que estamos ante una situación extremadamente alarmante en materia de seguridad, es decir, mucho peor de lo que se puede pensar partiendo de una recopilación fidedigna de datos.
En este mundo rojo rojito en el que las sorpresas no cesan, no solo debemos encomendarnos a Dios y cuidarnos de los delincuentes, sino también de quienes tienen la obligación de perseguirlos. Mal estamos y peor vamos, sin posibilidad de duda.
Editorial de El Nacional
