Al cumplirse tres meses de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses, el andamiaje legal que sostiene al gobierno de Delcy Rodríguez enfrenta su mayor cuestionamiento. Desde el aula magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un grupo de destacados juristas, liderados por Tulio Álvarez y Nelson Chitty La Roche, denunció que el país vive una «ilegitimidad en el ejercicio» debido a la omisión deliberada de las figuras de falta temporal o absoluta.
¿Continuidad o híbrido inconstitucional?
El foco de la crítica recae sobre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por Tania D’Amelio. Según los expertos, la sentencia emitida el 3 de enero de 2026 evitó deliberadamente aplicar los artículos 233 y 234 de la Carta Magna.
En su lugar, el máximo tribunal creó una figura «híbrida y atípica» que permitió a Delcy Rodríguez asumir la presidencia encargada sin declarar formalmente una falta temporal (que tiene plazos de 90 días) ni una absoluta (que obligaría a elecciones en 30 días).
«Fue una sentencia cobarde. El TSJ no es un poder autónomo, sino que actuó supeditado a un acuerdo político para garantizar la permanencia del chavismo sin Maduro y evitar una convocatoria electoral inmediata», advirtió el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCV, Juan Carlos Apitz.
Realpolitik: Cuando la política se impone al Derecho
Para analistas como el profesor Gustavo Manzo, la Constitución ha sido «baipaseada» exprofeso. El argumento central es que Venezuela no se rige hoy por el derecho, sino por un acuerdo de transición tutelado por la Casa Blanca bajo el plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición.
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El rol de Washington: El presidente Donald Trump ha confirmado la cooperación de Rodríguez, quien parece cumplir las directrices de Washington para evitar el destino de su predecesor.
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La postura de la oposición: Figuras como María Corina Machado han aceptado este «escenario de facto» en aras de evitar un estallido de violencia, priorizando la estabilidad sobre la urgencia electoral.
El riesgo del «proceso indefinido»
La mayor preocupación de los constitucionalistas es que la actual situación de interinato se convierta en una estructura permanente de «apertura económica sin democracia». Apitz subraya que la falta de un juicio formal contra Maduro —que podría tardar años— no debería ser excusa para suspender el cronograma constitucional.
Los juristas advirtieron que los próximos movimientos en el Poder Ciudadano (Fiscalía y Defensoría) serán el indicador definitivo: si se ratifican figuras del antiguo sistema, el «Rodrigato» se consolidará; si hay renovación, la transición podría ser real.