El Congreso chileno aprobó este jueves en su último trámite legislativo una reforma constitucional que crea una Fiscalía Supraterritorial contra el Crimen Organizado, organismo que funcionará al interior del Ministerio Público y se especializará en delitos de alta complejidad.
Esta fiscalía operará en la investigación de delitos en los que existan antecedentes de intervención por parte de asociaciones criminales, y cuando estos hechos requieran de una dirección investigativa supraterritorial e incluso transnacional. Su competencia abarcará todo el territorio chileno y estará a cargo de un fiscal jefe designado por el fiscal nacional.
«Es un gran avance para contar con mejores herramientas en el combate del crimen organizado (…) Hoy día tenemos un Ministerio Público que se encuentra atomizado, dividido en espacios geográficos limitados, límites que el crimen organizado no reconoce. Con esta Fiscalía Supraterritorial, una vez que sea reformada nuestra Ley Orgánica -que es el siguiente paso-, vamos a poder contar con herramientas mucho más eficaces y poderosas para el combate de las organizaciones criminales», afirmó el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que «es la reforma institucional al Ministerio Público más importante que ha existido desde su creación, en el año 1997».
«No es simplemente la creación de la Fiscalía Supraterritorial; es también una manera de comprender y entender el rol de la persecución criminal… Hace más de 10 años este Congreso viene discutiendo la iniciativa, y es en buena hora y en este momento que se logra la madurez para avanzar en ese sentido», subrayó.
Enfrentar al crimen organizado es una de las prioridades declaradas por el gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, quien en diciembre de año pasado lanzó una inédita política nacional orientada a robustecer la institucionalidad en esta materia, dotando a los organismos persecutores y policiales de mayores herramientas para desbaratar a estas organizaciones.
El plan contra el crimen organizado, elaborado de forma coordinada entre múltiples instituciones del Estado, considera una inversión superior a los 39.000 millones de pesos (más de 4 millones de dólares) y ajustes territoriales acordes a la realidad de cada región.
La disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales ocupa un lugar central dentro de la política nacional, robusteciendo los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas.
El crimen organizado, la violencia y la percepción de inseguridad, fenómenos en aumento desde hace unos años en Chile, país que aún tiene la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica, se ha convertido en uno de los principales desafíos para el gobierno del progresista Gabriel Boric.
EFE
