El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos de San Cristóbal, concejal José Vicente García, rechazó los hechos ocurridos en la Universidad Católica del Táchira, donde presuntamente tres estudiantes fueron heridos de bala durante una manifestación. Anunció que su despacho gestionará los mecanismos necesarios para obtener la información de los afectados, así como de sus familiares a fin de generar un informe detallado y hacerlo llegar a los principales organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos.
“Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos rechazamos la violencia venga de donde venga, pero sobre todo rechazamos esta resolución que pudiera generar en una fatalidad en nuestro estado y de allí que hacemos un llamado a los agentes de seguridad a que usen con sentido de responsabilidad las armas de fuego y recuerden que los criminales no son los estudiantes que piden un cambio para un mejor país, sino aquellos que asesinan a diario venezolanos para robarles sus pocas pertenencias”.
El dirigente de Voluntad Popular explicó que es un hecho que los organismos de seguridad actuarán bajo el amparo del decreto 008610 que les permite usar armas de fuego durante las manifestaciones. “Qué justificación hay al uso de armas de fuego en esta situación de la UCAT, no es suficiente con el uso de gas del bueno y perdigones, acaso es necesario matar a quienes protestan para silenciarlos para siempre. El uso de municiones letales obviamente lo dejaron amparado los señores del gobierno con la resolución 008610”.
Resaltó García que desde ya la Comisión de Seguridad Ciudadana, Política y Derechos Humanos del Concejo Municipal de San Cristóbal se activa para recabar la información necesaria generada en estos hechos. “Vamos a buscar a las víctimas, contactaremos con sus familiares y haremos llegar ante las instancias internacionales correspondientes las denuncias competentes contra los Derechos Humanos. Se ha visto una represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado al punto tal que tres estudiantes fueron heridos de bala, uno en la espalada, otro en el glúteo y otro más en un pie, por lo que estamos viendo claramente que la resolución del Ministerio de la Defensa del uso de armas de fuego ya es una realidad”.
En ese sentido, el concejal en el estado Zulia, Ángel Machado, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro utiliza la violencia y la persecución como política de Estado. Dijo que desde el inicio de las protestas en el 2014, el régimen de Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, por lo que consideró que el Gobierno intimida, censura y persigue a quienes difieren de sus políticas. “Este 12 de febrero se cumple un año desde que Nicolás Maduro y su régimen se quitaron la careta y utilizan la tortura y persecución como política de Estado. La violencia gubernamental cobró la vida de 43 venezolanos que protestaban pacíficamente sin que hasta el momento hayan sido enjuiciados los verdaderos responsables de estos hechos. Por reclamar sus derechos falleció Bassil Da Costa, de un disparo en la cabeza el pasado 12 de febrero en la esquina de Tracabordo en Caracas, y los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado implicados en este asesinato están protegidos por las autoridades. La impunidad reina en su caso”.
Machado denunció la existencia de “La Tumba”, celdas situadas en el nuevo edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde se encuentran recluidos los estudiantes Lorent Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero. “En La Tumba cada minuto se violentan los derechos humanos de todos los detenidos. Los estudiantes son sometidos a abusos físicos, psicológicos y torturas por oponerse al régimen. A pesar de todas las denuncias sobre los delitos que se cometen en este lugar, ni el Poder Judicial ni el Poder Ciudadano venezolano investigan estos hechos, mientras el régimen continúa persiguiendo, oprimiendo y encarcelando injustamente a todo el que levanta su voz en contra esta dictadura”.
El coordinador político de la tolda naranja calificó como “ilógico”, que la Fiscalía utilice a sus altos funcionarios para investigar el asesinato del diputado Robert Serra, pero no esclarecen las 43 muertes que ocurrieron durante las manifestaciones en el 2014, que en muchos casos se conocen los responsables o los 28 mil homicidios que se registraron el año pasado. “El Ministerio Público no ha abierto una investigación contra los funcionarios policiales que dispararon contra la manifestación pacífica del pasado 12 de febrero. Solo investigan los hechos delictivos que sufren los personeros del Gobierno, discriminando así a los ciudadanos de acuerdo a su pensamiento crítico o complaciente”, puntualizó.
NOTA DE PRENSA
