Ecuador vive días convulsionados. El pasado miércoles el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Legislativa y llamó a elecciones anticipadas en medio de un juicio político por un presunto delito de malversación.

El mandatario recurrió a la llamada “muerte cruzada” antes de esperar el debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura.

Lasso optó por esta figura contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 ante la incertidumbre de no tener los votos suficientes para salvar la moción de censura en el hemiciclo.

De esta manera el presidente, quien no cuenta con mayoría en el Parlamento, gobernará mediante decretos hasta que concluya de forma prematura su mandato.

Cabe señalar que el primer decreto ley firmado por él es una nueva reforma tributaria que amplía el techo de exoneraciones tributarias en función del número de miembros de cada familia.

En conversación con BioBioChile, Francisco Tagle, director del diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, señala que los cimientos de esta crisis en Ecuador se arrastran desde hace un tiempo.

“Lo que estamos viendo ahora es el resultado de esta crisis. Por una parte, el presidente Lasso ha tenido una baja popularidad durante su mandato, y el año pasado también hubo grandes protestas en las ciudades más importantes de Ecuador, con un movimiento indígena bastante importante”, señala.

“También está la oposición en el Congreso en donde Guillermo Lasso tiene muy poco poder de maniobra, lo cual ha hecho una suerte como de tormenta perfecta, podríamos decir, que lo lleva a ocupar este recurso constitucional que es el cierre del Congreso y llamar a elecciones anticipadamente”, agrega.

En relación a lo sucedido en otros países como Perú, Tagle hace una salvedad. “Lasso está usando un recurso que existe en la Constitución ecuatoriana, de hecho es una disposición creada bajo el correísmo, en tiempos de Rafael Correa, mientras que lo de Pedro Castillo no fue ningún recurso constitucional, sino que podríamos decir que fue un golpe de Estado”, menciona.

“Lasso usa este recurso que se llama Muerte Cruzada, en donde él pierde la presidencia y el Congreso tiene que llamar nuevamente a elecciones. Es bien importante porque es un recurso que está dentro de la Constitución. Esto nos lleva a otra pregunta eso sí. Es verdad, es un recurso constitucional que está dentro del marco legal. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es si dentro de regímenes democráticos, no es esto una suerte de muñequeo político”, puntualiza

“Recordemos que Lasso, en la justicia ordinaria, no tiene ninguna acusación, sino que lo que estamos viendo es un juicio político. Hay que preguntarse si esto es más bien una cosa antojadiza de una mayoría circunstancial de la oposición de turno para sacar de manera legal al presidente que no es de su sector político, o realmente hay un caso de corrupción”, plantea.

En tanto, Tagle sostiene que en Latinoamérica estamos viendo una suerte de lucha constante entre Congresos con mayoría opositora y presidentes con baja aprobación, “en donde se usan mecanismos dentro de las constituciones que son legales, por supuesto, nadie puede decir lo contrario, pero tienen un costo”.

“Muchas veces se habla de los giros a la derecha o de los giros a la izquierda en Latinoamérica pero yo siempre recuerdo que hay que tener cuidado con esa afirmación porque América Latina es presidencialista, por lo cual pueden haber ido a la izquierda los ejecutivos pero también hay que ver cómo quedan las mayorías en los congresos”, dice.

“Puede haber un giro a la izquierda en el ejecutivo pero con un Congreso con mayoría de derecha, o viceversa también, por cierto (…) Es importante porque generalmente la gente se queda con quien ganó la elección para pensar cuál es el color político del país, pero también es importante ver cómo queda la mayoría en el Congreso”, enfatiza.

El problema de Lasso con el apoyo minoritario en la Asamblea

Gilberto Aranda, académico del Magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, apunta al estallido de principios de octubre de 2019 en Ecuador como un punto de inflexión en la crisis.

“A propósito del tema de los hidrocarburos, hubo una gran protesta indígena. Las organizaciones indígenas estuvieron muy cerca, de alguna manera, de acorralar al gobierno de Lenín Moreno. Yo pienso que en esta crisis, al menos habría que buscar un antecedente en todo ese momento de insurrección generalizada que hubo en octubre de 2019, muy cerca de nuestro estallido”, remarca.

Aranda, quien es profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, añade que cuando posteriormente llega al poder Guillermo Lasso, siempre se vio en una situación de minoría en el legislativo.

“De alguna manera, la crisis no se resuelve con la elección de un presidente, porque podríamos decir que el mundo indígena dividió su voto entre el candidato del correísmo y Lasso, pero nunca contó con el apoyo rotundo de todas las organizaciones indígenas. Y como no contó con eso, en más de una ocasión hubo movilizaciones generalizadas por parte del mundo indígena”, expresa.

“Si a esto le agregamos que desde el día uno ha contado con la oposición del correísmo unificado, que es la primera mayoría en el Congreso, lo que tenemos es que durante todo el gobierno de Lasso, o gran parte del mismo, ha encontrado una oposición muy severa en la Asamblea Nacional, que es unicameral, así como también en la calle. Lo que ocurre es que estos últimos meses se han concatenado parte de esa oposición y ahora estaban los votos para destituirlo”, precisa.

En cuanto a la figura de la muerte cruzada, Aranda sostiene que no podría decir que es ilegal lo que hizo. “Es legal pero aparentemente algunos analistas apuntan a que no fue suficientemente argumentado y que un presidente necesitaría de un tipo de argumentación que justificara los riesgos para de alguna manera sustentar este recurso que es disolver a la Asamblea Legislativa”, puntualiza.

A su vez, el académica menciona que hoy en día los militares están constituidos en actores dirimentes de los conflictos. “Ellos ya han hecho una declaración en donde dicen que todo ha sido perfectamente legal (…) Aún cuando se declaran constitucionalistas apegados a la ley, terminan pronunciándose, lo que los convierte en actores dirimentes de un conflicto. Y eso está ocurriendo en América Latina”, plantea.

El experto remarca que en la región hay mucha fuente de inestabilidad política, lo que se suma al hecho de que “los militares cada vez más ya no dan golpes de Estado, pero son invitados a los gobiernos, o se hacen parte central de la sobrevivencia de los gobiernos, y terminan dirimiendo los conflictos. A mí me parece que es una situación delicada”, esgrime.

“Como hay alguna duda respecto a si hubo una argumentación sólida respecto a la disolución de la Asamblea Legislativa, el que tendría que haber dirigido era el Poder Judicial y lo que ocurrió es que finalmente el que dirime es el músculo, el brazo militar”, dice.

Aranda, eso sí, es enfático en indicar que lo ocurrido en Ecuador no fue un golpe de Estado. “Técnicamente es un pronunciamiento, palabra que se le dio en Chile como un eufemismo a un golpe. Esto es un pronunciamiento que habla de un protagonismo militar. La alerta es la siguiente: ya no hay muchos golpes de Estado, cada vez son menos, pero los militares ahora son invitados al gobierno, como en el caso de Jair Bolsonaro o como en el caso venezolano”, detalla.

“Son parte de los gobiernos, son invitados. En el caso de Ecuador se vuelven cruciales para la sobrevivencia de un gobierno y entonces lo que ocurre es que tenemos un poder militar que asume una función preeminente en el sistema político y ante eso hay que tener alerta”, señala.

“Cuando los militares asumen una función preeminente y adquieren autonomía y preeminencia en sus funciones políticas, ciertamente también hay una democracia que no está del todo saludable. Los militares en Ecuador no han dado un golpe de Estado, sino que lo que hicieron fue pronunciarse, lo que significa que terminaron dirimiendo, cuando en realidad el que tendría que haber dirimido era el Poder Judicial”, remarca.

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