El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, presentó este lunes el informe de la comisión que preside, correspondiente al 2019, bajo el título: “Venezuela, entre la oscuridad y la esperanza”.
Durante su intervención, Prado destacó que el objetivo del informe dado a conocer a la opinión pública es describir y detallar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la sociedad venezolana durante el año 2019.
Asimismo, el representante del Gobierno Legítimo de Venezuela subrayó que durante la visita in loco de la CIDH a Venezuela se entregó a los comisionados un primer resumen del Informe Anual 2019 sobre las sistemáticas violaciones registradas en el país.
Prado enfatizó que el año 2019 se caracterizó por una marcada agudización de conflicto político y crisis social en Venezuela, donde los derechos fundamentales de la población venezolana fueron fuertemente vulnerados y afectados.
En este sentido, destacó la persecución de los medios de comunicación, periodistas, parlamentarios, funcionarios de seguridad y todo ciudadano que no coincidirá con la ideología de la dictadura de Maduro.
“Tras la victoria obtenida en las elecciones de la Asamblea Nacional, correspondiente al año 2015, el régimen se encargó de dar las primeras estocadas al cuerpo legislativo con la suspensión de 6 diputados y posteriormente la declaró en desacato”, acotó Prado.
De igual forma, el representante en materia de derechos humanos del Gobierno Legítimo denunció que “18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución, 33 han sido exiliados, se contabilizaron 4 refugiados en embajadas, 5 en la clandestinidad y 14 fueron despojados de su pasaporte”.
Prado sumó que las FAES, el grupo de exterminio de la dictadura, tuvieron una alarmante actuación en el 2019 debido a que, entre enero y mayo, se contabilizó que 1.560 personas fueron asesinadas bajo el calificativo de “resistencia a la autoridad”.
Además, reportó que “al menos 149 privados de libertad murieron en centros de detención preventiva de 15 estados monitoreados, al tiempo, que destacó que el hacinamiento en los centros de detención preventiva incrementó un 500%”.
Por último, el funcionario venezolano alertó que “en Venezuela se agravó la problemática del acceso al agua y la crisis eléctrica en todo el territorio nacional”.
“En cifras, al menos 4.3 millones de venezolanos no tienen acceso al agua potable de calidad y en casi todos los estados del territorio nacional existen racionamientos eléctricos o apagones prolongados”, concluyó.
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